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Procesos universales en El Salvador

Consortium Legal
El Salvador ,   4 de marzo de 2020

Procesos universales en El Salvador

Cuando un deudor, persona natural o jurídica, se constituye en circunstancias graves de insolvencia frente a una pluralidad de acreedores, el legislador ha previsto como mecanismo para resolver dicha problemática tres alternativas de acción, dependiendo de las cualidades de la persona insolvente: el concurso de acreedores, la quiebra y la suspensión de pagos.

En doctrina se hace referencia a que este tipo de procesos es de naturaleza universal, ya que afecta el patrimonio del deudor insolvente, entiéndase la totalidad de los bienes y obligaciones que pueden ser objeto de enajenación, salvas excepciones definidas en la ley.

Un elemento esencial para el inicio de un proceso universal es la insolvencia, considerada como un estado grave, de relativa estabilidad en el tiempo, que coloca al deudor en imposibilidad material de hacer frente a sus obligaciones, frente a una multiplicidad  de acreedores. Esta pluralidad de obligaciones insolutas es sumamente importante, puesto que si se tratara de una o unas pocas, se generaría derecho de acción para ejecuciones individuales y no una ejecución universal, como en el caso de los procesos que nos ocupan.

Se ha analizado en jurisprudencia nacional, por ejemplo en la Sentencia de Amparo referencia 819-2018, pronunciada por la Sala de lo Constitucional el día catorce de octubre de dos mil once, en cuanto a la estabilidad temporal de la insolvencia, lo siguiente:

"En relación con este carácter permanente, el estado de cesación de pagos no se configura frente a inconvenientes pasajeros u ocasionales como los supuestos de iliquidez momentánea, sino que constituye un estado de insuficiencia proyectado en el tiempo que deriva en la imposibilidad de que el patrimonio del deudor sea capaz de afrontar las obligaciones exigibles.

Ante tal situación, mediante el concurso de acreedores se busca reorganizar el patrimonio del deudor, para que, en la medida de lo posible, todos los acreedores que se apersonen al juicio y acrediten los títulos de sus créditos puedan recibir el pago de sus deudas, luego que, mediante la administración del concurso, se hayan liquidado los bienes que fueron embargados al deudor insolvente".

Con las ideas anteriores, se puede retomar el concepto de insolvencia dado por Juan Esteban Puga Vial, que lo define como el "estado patrimonial vicioso y complejo que se traduce en un desequilibrio entre el activo liquidable del deudor y su pasivo exigible, de modo tal que coloca a su titular en la incapacidad objetiva de cumplir, actual o potencialmente, los compromisos que lo afectan".

Como ya se dijo, en El Salvador, existen tres mecanismos legales para tratar el estado de insolvencia como se ha señalado: el concurso de acreedores, la quiebra y la suspensión de pagos.

El concurso de acreedores está reservado para el deudor civil, y la quiebra y la suspensión de pagos, para el comerciante.

En relación con lo dicho, es indispensable aclarar que según nuestra legislación, existen excepciones en las que a pesar de ser sociedades mercantiles, se aplica para ellas el concurso de acreedores y no la quiebra. Estos son los casos de sociedades que se hayan constituido como colectivas o comanditarias simples, de capital fijo y que tengan una o más de las siguientes finalidades: i) el ejercicio de la agricultura y ganadería; ii) la construcción y arriendo de viviendas urbanas, siempre que no sea con el ánimo de vender en forma regular y constante; y iii) el ejercicio libre de las profesiones.

Para los restantes tipos de sociedades de carácter mercantil y personas naturales que no tengan como giro comercial las actividades antes descritas, el legislador prevé la figura de la quiebra como procedimiento para aquellos comerciantes que han cesado en el pago de sus obligaciones y que su patrimonio es insuficiente para afrontar la totalidad de sus deudas líquidas y vencidas, y la suspensión de pagos como procedimiento previo y preventivo de la quiebra.

Como características comunes del concurso y la quiebra podemos mencionar que se trata de juicios universales y, al mismo tiempo de procedimientos de ejecución por los cuales el deudor, se evita una serie de acciones de cada uno de sus acreedores; y estos perciben, en cuanto resulte posible, sus créditos, valiéndose de un procedimiento colectivo que los garantiza y los defiende.

Las consecuencias que se producen son:

    El deudor queda incapacitado para administrar sus bienes y cualesquiera otros;
    Vencen automáticamente todas las deudas a plazos;
    Por el contrario, dejan de devengar intereses todos los créditos, con excepción de los créditos hipotecarios o pignoraticios;
    Se produce una intervención judicial en el patrimonio del deudor;
    Si se llega a un acuerdo entre los acreedores y deudor, surgen relaciones especiales, según se trate de quita o de espera, obligatorias para aquellos y estos.

Además, se pueden resumir los siguientes efectos procesales:

    El embargo y depósito de todos los bienes del deudor;
    La ocupación de libros, papeles y correspondencia;
    El nombramiento de un depositario administrador;
    La acumulación al concurso de las ejecuciones pendientes;
    La citación de acreedores;
    Nombramiento de un Síndico;
    Reconocimiento, graduación y pago de los créditos; y
    Convenio del concursado.

En nuestro país, los procesos universales son raramente utilizados, probablemente or desconocimiento de las figuras y sus implicaciones legales, o porque la legislación que los regula es la misma que la de hace ciento treinta y cinco años.

No obstante, la normativa procesal se reformó por completo en 2010 con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, no se reguló adecuadamente la insolvencia. Por ello, aunque el Código Procesal Civil y Mercantil derogó el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Procedimientos Mercantiles, se estableció que el Título IV y V del Libro Segundo (arts. 659 al 777) del Código de Procedimientos Civiles y del Capítulo XI (arts. 77 al 119) de la Ley de Procedimientos Mercantiles, se mantenían vigentes "en tanto no se apruebe una nueva legislación que regule la materia".

Estos capítulos contemplan lo relativo al modo de proceder en el concurso de acreedores, la quiebra y la suspensión de pagos, y aunque ya han pasado más de nueve años desde que se aprobó la prórroga de la vigencia de la legislación en comento, a la fecha no ha existido un intento eficaz de regular estas figuras adecuadamente.

Dada la complejidad de las figuras en comento, es necesario que se emita una regulación acorde a las nuevas realidades nacionales que pretendan además de la satisfacción (aunque sea incompleta) de las deudas insolutas, con la finalidad de que dichas figuras puedan ser verdaderas opciones de solución que permitan la rehabilitación del insolvente.

Asociada, Cristina Campos
Consortium Legal – El Salvador
 

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