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Proyecto de Ley crea medidas para cautelar el mercado financiero

Felipe Cousiño

Proyecto de Ley crea medidas para cautelar el mercado financiero

El 4 de junio de 2020 el Ejecutivo presentó al Congreso un Proyecto de Ley misceláneo mediante el cual busca, en este contexto de pandemia, entregar herramientas a quienes participan del Mercado de Capitales, para que puedan enfrentar de mejor manera la crisis económica que se avecina. El proyecto tiene aspectos que pueden significar un mejoramiento en la regulación en materia de fondos de pensiones, compañías de seguro y de empresas que buscan una aceleración en los procesos de financiamiento. Sin embargo, algunas de sus disposiciones no resolverán el problema de fondo. Requerirá discusión, estudio y cuidadosa adecuación de normativa secundaria a fin de hacer realidad lo que en el papel parecen ser soluciones ideales.

Con el objeto de ampliar las alternativas de inversión para las AFP y con ello permitir el financiamiento de empresas que son emisores de valores de oferta pública, el proyecto considera la modificación del DL 3.500 en dos aspectos fundamentales:

    el aumento del límite máximo para la inversión en activos alternativos. tales como fondos de private equity, deuda privada, infraestructura e inmobiliarios, desde un 15% a un 20% del valor del respectivo Fondo; y
    permitir la inversión en instrumentos de deuda no inscritos en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la medida que el emisor de los mismos ya esté inscrito en dicho registro y cumpla con los requisitos que establezca la CMF mediante Norma de Carácter General (NCG).

La ampliación de los límites máximos para invertir en activos alternativos es una modificación esperada con ansias por el mercado, especialmente con la reciente modificación que la Superintendencia de Pensiones efectuó al Régimen de Inversión para los Fondos de Pensiones, incorporando instrumentos nacionales de deuda privada dentro de la categoría de activos alternativos.

Respecto de la inversión en instrumentos de deuda no inscritos, el proyecto debiera precisar que en realidad se trata de instrumentos que conforme a las modificaciones que se contemplan a la Ley 18.045, obtengan una inscripción automática y no a instrumentos simplemente no inscritos. En efecto, debe mantenerse la clara distinción entre valores de oferta pública y aquellos que por su falta de registro, solo pueden ofrecerse en forma privada conforme a las normas de oferta privada.

Las modificaciones a la Ley 18.045 apuntan en la dirección correcta en cuanto a facilitar y simplificar la emisión de títulos de deuda, sean bonos corporativos o efectos de comercio, para empresas o emisores que ya se encuentran inscritos en el registro de valores y que no son novatos en la emisión de esa clase de títulos. La inscripción automática de la emisión, en la medida que se cumpla con los requisitos establecidos por la CMF, puede significar una gran avance en la agilización de los procesos, permitiendo que los emisores en poco tiempo logren contar con los valores inscritos para ser colocados en el mercado y así obtener recursos para financiar las actividades propias de su giro o bien cumplir con otros compromisos financieros que los esté afectando, sin necesidad de recurrir al sistema bancario o estatal para lograr el anhelado financiamiento.

No obstante lo anterior, la regulación final de esta expedita forma de inscribir títulos de deuda, recaerá en la CMF, y no es posible prever qué nivel de exigencias impondrá y si efectivamente se logrará la aceleración de los procesos internos de dicho servicio.

Otra medida interesante que apunta a simplificar la emisión de títulos de deuda o más bien a facilitar su registro, es la supresión de la obligación de contratar una clasificación de riesgo para dichos instrumentos, en la medida que la emisión cumpla con los requisitos que la CMF establezca mediante NCG. Lo anterior no obsta a que el emisor voluntariamente contrate una o más clasificaciones para dichos títulos de deuda.

En este afán de agilizar procesos, el proyecto también incorpora algunas modificaciones a la Ley 18.046.

Fundamentalmente dichos cambios se enfocan en la disminución del plazo mínimo requerido para efectuar una citación a junta de accionistas, reduciéndose de 15 días a 10 días y en la posibilidad de renunciar al derecho de opción preferente que tienen los accionistas, al momento de acordarse un aumento de capital, en la misma junta en que se haya acordado dicho aumento. Dicha regulación ya se encontraba contenida en el Reglamento de Sociedades Anónimas para las sociedades anónimas cerradas, estableciendo con esta modificación, una igualdad entre ambos tipos de sociedades, acortando aparentemente los plazos para llevar a efecto los aumentos de capital. Lo aparente radica en que es un derecho que tiene cada accionista y que lo puede ejercer en la misma junta, lo que hace necesario que todos los accionistas estén presentes en la junta, de ahí que en las sociedades anónimas cerradas tuviera una lógica tal regulación, pues generalmente son sociedades de pocos accionistas y que suelen autoconvocarse. Sin embargo, en las sociedades anónimas abiertas, por sus propias características, la concurrencia a las juntas normalmente no es completa, lo que implicará necesariamente que se siga aplicando el plazo de los 30 días dentro del cual los accionistas puedan ejercer o renunciar a su derecho de opción preferente. Lo más acertado, habría sido modificar el plazo de 30 días, reduciéndolo considerablemente.

Finalmente, y como medidas destinadas a mantener y cautelar la solvencia de las compañías de seguro, el proyecto incluye varias medidas interesantes y muy valorables. Una de ellas es la de supeditar el reparto de dividendos de dichas compañías al cumplimiento de una determinada razón de solvencia y requerimientos patrimoniales. Lo mismo ocurre con los acuerdos destinados a efectuar disminuciones de capital, pues no podrán llevarse a efecto si la razón de fortaleza patrimonial es inferior a 1,2 veces el patrimonio de la compañía.

De igual manera, para ayudar a las compañías a enfrentar la situación de crisis en la que nos encontramos, y evitar que se vean envueltas en procesos de incumplimiento, el proyecto, por una parte, permite a la CMF aumentar los límites de endeudamiento total en relación al patrimonio, para las compañías del segundo grupo, y por otra, flexibiliza los límites para tratar los excesos de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo.

Así, por ejemplo, si el exceso por sobre alguno de los límites de diversificación o la pérdida de representatividad se produce por causas no imputables a la compañía, como fluctuaciones en el valor de mercado de sus inversiones, y no solamente caídas en la clasificación de riesgo, el exceso o las inversiones afectadas podrán seguir respaldando las reservas técnicas y el patrimonio de riesgo por un plazo no superior a seis meses.

El proyecto en definitiva tiene aspectos que efectivamente pueden significar un mejoramiento en la regulación en materia de Fondos de Pensiones, Compañías de Seguro y de empresas que buscan una aceleración en los procesos de financiamiento. Sin embargo, es necesario tener presente que algunas de sus disposiciones no van a resolver el problema de fondo, como es el caso de la inscripción automática de las emisiones de deuda y su revisión por parte de la CMF o lo referente a la renuncia del derecho de opción preferente en una sociedad anónima abierta. Requerirá discusión, estudio y cuidadosa adecuación de normativa secundaria a fin de hacer realidad lo que en el papel parecen ser soluciones ideales.

Felipe Cousiño, Nicole Cartier
Alessandri

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