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Costa Rica: Sala Constitucional Avala Proyecto de Ley de Reforma Fiscal
12 de diciembre de 2018
La Sala Constitucional resolvió el pasado viernes que el Proyecto de Ley de la Reforma Fiscal no tiene vicios constitucionales de fondo ni de procedimiento, por lo que cumple con lo establecido en la Constitución Política. Los siete magistrados dictaminaron de forma unánime, que dicho Proyecto de Ley puede seguir su curso de aprobación en la Asamblea Legislativa. En cuanto al procedimiento, la Sala determinó que no existieron vicios de procedimiento en su tramitación, al confirmar que el mismo requiere mayoría simple (29 votos) para su aprobación y no mayoría calificada (38 votos). Adiconalmente, no encontraron ningún elemento inconstitucional en relación las demás consultas realizadas por los Diputados.
De esta forma, el Proyecto será ahora discutido y votado en Segundo Debate en la Asamblea Legislativa, como requisito previo para que se convierta en Ley. De conformidad con declaraciones tanto de representantes de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo, se espera que el Proyecto sea aprobado y promulgado durante las próximas semanas.
Antecedentes
El Proyecto de Ley de la Reforma Fiscal ha sido apoyado no solamente por el Gobierno, sino también por instituciones financieras internacionales, la mayoría de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y por los representantes del Sector Privado. Se espera que para finales del 2018 el déficit fiscal alcance un 7.2% del PIB, debido principalmente al tamaño desproporcionado del Sector Público costarricense, los beneficios recibidos por los empleados públicos y los niveles de evasión fiscal por parte de los contribuyentes. Cabe mencionar que Gobiernos anteriores han promovido en el pasado procesos políticos para aprobar Proyectos de Ley como el anteriormente señalado, pero no han prosperado debido a diversos asuntos políticos y legales, tal cual ocurrió en el 2005 en el Gobierno del Presidente Abel Pacheco y en el 2012 en el Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla.
El Proyecto de Ley de la Reforma Fiscal no resolverá todos los problemas mencionados anteriormente. Con un efecto esperado de solo 1.29% del PIB, hay muchas reformas pendientes que serán discutidas en los próximos meses e incluso años. Sin embargo, el Proyecto de Ley de la Reforma Fiscal permitirá al Gobierno obtener líneas de crédito internacionales y restructurar su deuda, asi como evitar que se baje de categoría en la clasificación de la deuda pública del país.
El Proyecto de Ley aborda el problema fiscal mediante la reforma de dos de los más importantes tributos (Impuesto sobre el Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta), así como por la modificación de la estructura de las finanzas públicas con la introducción de reformas al esquema de los Gastos Públicos y de una nueva regulación que limite el nivel de gastos del Gobierno Central.
Impuesto sobre el Valor Agregado
La nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado reemplazaría la actual Ley del Impuesto sobre las Ventas, ampliando el impuesto a cada uno de los servicios y a todas las transferencias de bienes, salvo con algunas excepciones. La tarifa ordinaria del impuesto se mantendrá en 13%, pero se han introducido algunas tarifas diferenciadas para ciertos tipos de bienes y servicios.
En este mismo sentido, las siguientes tarifas serán aplicables:
13% Tarifa ordinaria aplicable a todos los bienes y servicios.
4% Compra de boletos aéreos y servicios de salud.
2% Medicinas, seguros personales, compras realizadas por entidades públicas de educación.
1% Canasta básica y algunos productos de agricultura. La Canasta Básica es un grupo de bienes considerados como esenciales determinados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
El Proyecto de Ley incluye una lista extensiva de bienes y servicios exentos, como las exportaciones, gastos financieros (intereses y comisiones), algunas pólizas de seguros, arrendamientos residenciales que no excedan el 1.5 de los salarios base, electricidad residencial, transporte terrestre, libros y otros.
El impuesto es aplicable a la venta de bienes y a la prestación de servicios en el territorio costarricense. Adicionalmente, el impuesto se aplicará en el proceso de importación de bienes y al pago de servicios prestados por personas o entidades que no estén domiciliadas en el país, siempre y cuando el servicio sea prestado a un contribuyente costarricense.
Impuesto sobre la Renta
El Proyecto de Ley introduce modificaciones relevantes a varias disposiciones de la actual Ley, tales como las siguientes:
Se incluye en la Ley un nuevo capítulo de Ganancias de Capital, el cual modifica el concepto actual de “ingresos”, mediante la sujeción de todas las formas de ganancias de capital, con la introducción de una base imponible independiente para las ganancias de capital, así como para los ingresos obtenidos de bienes muebles e inmuebles diferentes a aquellos afectos a la actividad habitual del contribuyente. Este tipo de ingresos se gravarán con una tarifa de 15%. El contribuyente puede deducir ya sea todos los gastos necesarios o un 15% automático de la base imponible.
Se elimina la exención del impuesto a los dividendos cuando se pague entre dos sociedades costarricense, salvo que la entidad holding realice una actividad económica y sea contribuyente.
Se introduce un concepto más amplio de Establecimiento Permanente (EP), el cual extiende el concepto actual con la inclusión de definiciones de actividades y servicios de construcción en el EP.
El Año Fiscal será equivalente al año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Las diferencias de tipo de cambio están reguladas. Por muchos años, este tema ha generado discusiones entre la Administración Tributaria y los contribuyentes debido a la falta de legislación, por tanto, el Proyecto de Ley proporciona certeza en este asunto en concreto.
La posibilidad de trasladar pérdidas a períodos futuros se extiende a cualquier tipo de entidades, incluyendo tres años para las entidades comerciales y de servicios (actualmente no está permitido), y cinco años para el caso de los negocios de agricultura.
Algunas reglas para evitar la evasión fiscal han sido incluidas:
En relación con los paraísos fiscales e instrumentos híbridos, al no permitir la deducción de gastos relacionados con los pagos realizados a este tipo de jurisdicciones o de instrumentos según las definiciones allí establecidas.
Se incluye una Regla de Subcapitalización, que limitará las deducciones de los intereses que excedan el 20% del EBITDA de la entidad.
Se han incluido nuevas categorías tributarias para personas bajo una relación de dependencia. Actualmente, a los empleados se les grava con una escala progresiva de 0%, 10% o 15% de sus ingresos brutos. El Proyecto de Ley propone dos categorías más: 20% y 25% para salarios de más de 2.103.000 colones y de 4.205.000 colones respectivamente.
Los servicios brindados por entidades o personas que no se encuentran domiciliadas en el país, se encuentran actualmente gravados por una retención de 15%. El Proyecto de Ley incrementa dicha tarifa a 25%. Adicionalmente, establece que los pagos por “espectáculos públicos” realizados en el país por entidades o personas que no estén domiciliadas en el país (e.g. conciertos, eventos deportivos) estarán sujetos a una retención de impuestos de 15%.
Las disposiciones sobre Precios de Transferencia han estado vigentes desde el 2013 por medio de un Decreto Ejecutivo. El Proyecto de Ley establece el fundamento legal a estas disposiciones reglamentarias, mediante la introducción del principio de libre competencia y de los principios generales relacionados con esta materia.
Recortes en el Gasto Público
Como parte de los esfuerzos para reducir el déficit fiscal, el Proyecto de Ley introduce varias modificaciones al marco legal actual aplicable a los empleados públicos, principalmente en relación con limitaciones a ciertos beneficios recibidos exclusivamente por ellos, tal como el llamado “dedicación exclusiva y prohibición”. Estos beneficios son extras que han desencadenado aumentos exponenciales en los salarios base para muchos empleados públicos que en muchos casos exceden el 100% de sus salarios base. El Proyecto de Ley limita estos montos a un 30% del salario base del empleado, los cuales son mayormente aplicables a los nuevos empleados públicos. Las “anualidades” se limitarán con base en métodos de evaluación y las “indemnizaciones por cese” se limitarán a ocho años.
Norma de Responsabilidad Fiscal
Se introduce una nueva disposición para limitar el incremento en el gasto actual como un promedio del aumento del PIB nominal y su relación con la deuda del Gobierno Central en relación con el PIB. Esta modificación pretende limitar el Presupuesto Nacional por medio de la inclusión de limitaciones al componente de gastos, en relación con la posición financiera real del Gobierno Central.
Amnistía Tributaria
El Proyecto introduce una Amnistía Tributaria en relación con el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto General sobre las Ventas y ciertos impuestos especiales a favor del IDA, IFAM e IMAS. Si bien fue un tema controversial a lo largo del proceso legislativo, la amnistía condona el pago de intereses y establece una reducción importante de las sanciones relacionadas con los ajustes actuales o eventuales de la Administración Tributaria. Es importante indicar que la deuda tributaria no se condona, y que la aplicación de esta Amnistía requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones.
Próximos Pasos
Un Proyecto de Ley requiere de su aprobación en dos debates para que se convierta Ley de la República. En ese sentido, el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal deberá ser discutido en Segundo Debate por la Asamblea Legislativa y se estima que sea aprobado dentro de los próximos días. Una vez aprobado, el Presidente Alvarado firmará la nueva Ley y se publicará en el Diario Oficial La Gaceta.
Con base en declaraciones realizadas tanto por el Gobierno como por la Presidenta del Congreso, se espera que la discusión y aprobación final del Proyecto de Ley ocurra en las próximas semanas, por lo que se estima que el Proyecto de Ley se apruebe y promulgue en diciembre del 2018.
Es importante mencionar que las disposiciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre el Valor Agregado empezarán a regir seis meses después de la publicación final de la nueva Ley en el Diario Oficial La Gaceta.
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