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  • Guatemala: Análisis sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas emitidas por autoridades municipales que restringen o prohíben el uso del plástico dentro de las circunscripciones territoriales  

    15 de enero de 2019

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  • Guatemala: Análisis sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas emitidas por autoridades municipales que restringen o prohíben el uso del plástico dentro de las circunscripciones territoriales  
     
    Últimamente distintos Concejos Municipales en todo el país han emitido una serie de disposiciones normativas que limitan o restringen por completo el uso del plástico dentro de sus circunscripciones territoriales, en aras de preservar el medio ambiente. Para poder determinar, desde un punto de vista general, si dichas disposiciones normativas municipales son o no constitucionales, deben analizarse los siguientes aspectos y en el siguiente orden:

    Existe una obligación constitucional para el Estado de Guatemala de propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente.

     El artículo 97 de la Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Este artículo también establece que deberán dictarse todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

    Al interpretar los alcances del artículo 97 constitucional, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que al Estado le corresponde, por disposición constitucional, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, lo que se traduce en una obligación positiva con un alto grado de responsabilidad, ya que la preservación del equilibrio ecológico conlleva tomar las medidas necesarias para prevenir daños al medio ambiente y, si el daño fue causado, las que sean necesarias para restaurar ese equilibrio, lo cual implica un grado de responsabilidad por no haber prevenido a tiempo. El respeto al derecho a un medio ambiente sano no queda agotado con el mero cumplimiento de actos iniciales tendientes a su protección, sino que se requiere de una conducta constante en pro del cumplimiento sostenido de las medidas necesarias para su preservación. (Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, dictada el 11 de agosto de 2010 dentro del expediente número 3102-2009).

    Asimismo, sobre la preservación del medio ambiente, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que el Derecho Ambiental exige que para el máximo aprovechamiento de los recursos naturales del sistema, se debe tener en cuenta la protección de las generaciones futuras, en un contexto de desarrollo sustentable. (Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, dictada el 5 de septiembre de 2006 dentro del expediente 941-2005). El derecho ambiental está encaminado a la prevención de daño ambiental que es ocasionado por la actividad humana y que la protección al ambiente debe estar dirigida de conformidad con el principio de sustentabilidad, en cuanto a evitarse el agotamiento de los recursos naturales que son básicos para la supervivencia humana. De ahí la obligación de las autoridades públicas de velar por una utilización racional de los recursos naturales para su mayor aprovechamiento y para asegurar la supervivencia de la especie, pues es en el ambiente natural que la persona se desarrolla y obtiene los bienes que aseguran su vida, como alimentos, agua y aire. Además de la supervivencia, se hace necesario establecer que el derecho a un medio ambiente sano repercute en el respeto de otros derechos humanos que igualmente son básicos para garantizar a la persona una vida digna, como lo son el derecho al agua, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la alimentación, a la educación y a la libertad. (Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, dictada el 5 de octubre de 2017 dentro del expediente número 5956-2016).

    De conformidad con lo anteriormente expuesto se advierte que, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, sí existe una disposición normativa constitucional que, en forma expresa, obliga al Estado no solo a prevenir la contaminación del medio ambiente, sino, además, a dictar todas las normas que sean necesarias para evitar la depredación de los recursos naturales.

    2. Existe una obligación internacional para el Estado de Guatemala de preservar el medio ambiente y tomar todas las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo en aras de hacer efectivo el derecho a un ambiente sano.

    El Estado de Guatemala forma parte de varios instrumentos internacionales, en virtud de los cuales se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas normativas, administrativas y de hecho necesarias para preservar el medio ambiente. Entre éstos instrumentos se encuentran los siguientes:

    El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11 que se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Este artículo también impone a los Estados Parte la obligación de tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, entre las cuales, se encuentra b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente (…).

    La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 26 establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

    El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 11, hace referencia expresa al derecho a un medio ambiente sano al establecer que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Y que los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

    En la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y dos, se proclamó que la persona es “obra y artífice del medio ambiente que lo rodea”, por lo que es necesario atender las consecuencias de los daños efectuados a lo largo de la historia al ambiente, del cual depende el bienestar del ser humano.

    3. Las autoridades municipales sí se encuentran facultadas, constitucional y legalmente, para tomar e implementar medidas restrictivas, dentro de sus circunscripciones territoriales, para preservar el medio ambiente.

    Como se indicó anteriormente, la Constitución Política de la República, en su artículo 97, establece que también es obligación de las municipalidades propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

    Por su parte, el artículo 253 del texto constitucional establece que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a. Elegir a sus propias autoridades; b. Obtener y disponer de sus recursos; y c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.

    En el artículo 67 del Código Municipal, referente a la gestión de los intereses del municipio, se establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

     En ese orden de ideas se concluye que las autoridades municipales no solo están facultadas, sino, además, se encuentran obligadas, por disposición constitucional expresa, a velar por la preservación del medio ambiente y, por lo tanto, a implementar todas aquellas medidas normativas o administrativas que sean necesarias para lograr dicho objetivo, siempre en coordinación con las políticas generales estatales que se implementen en ese sentido.

    4. ¿Las disposiciones normativas que las distintas autoridades municipales en todo el país han emitido últimamente en aras de preservar el medio ambiente podrían adolecer de alguna inconstitucionalidad a pesar de haber sido emitidas con fundamento en las facultades constitucionales y legales correspondientes?

    Si bien es cierto que, tal y como lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad, el derecho a un medio ambiente sano se convierte en una extensión del derecho a la vida y del derecho a la salud, esto debido a que los recursos naturales son elementos vitales para la existencia humana y su protección conlleva a que las personas puedan vivir más y mejor, pues la contaminación en el medio ambiente causa un sinnúmero de problemas en la salud física, mental y psicológica de las personas, de ahí que la protección al medio ambiente implica paralelamente la protección de la persona. (Sentencia de la CC dictada dentro del expediente número 5956-2016 el 5 de octubre de 2017). También es importante advertir que existen ciertos usos del plástico que, precisamente, tienen como objetivo o finalidad preservar la salud y la vida de las personas, toda vez que buscan transportar determinados productos, ya sea alimenticios o químicos, con las medidas de higiene y seguridad suficientes y necesarias para evitar consecuencias o efectos negativos en la salud e integridad de las personas.

    En otras palabras, es importante reconocer que existe un ámbito de aplicación o uso del plástico que no puede eliminarse o restringirse por completo con la justificación de preservar el medio ambiente porque, de hacerlo así, se estaría causando o produciendo un efecto totalmente contrario al que se quiere, que es perjudicar y dañar no solo la salud, sino incluso la vida de las personas.

    En ese sentido, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y, entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a)  La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

     De conformidad con lo anteriormente expuesto, se advierte que, aquellas disposiciones normativas municipales que prohíben la utilización del plástico en forma absoluta, sin excepción alguna, no obstante que hayan sido emitidas en virtud de las facultades constitucionales y legales correspondientes, vulneran la garantía innominada de razonabilidad de las normas contenida en el artículo 44 constitucional, al obviar la existencia de casos o circunstancias especiales en los que el uso del plástico se hace no solo necesario, sino obligatorio para preservar el derecho a la salud y, por ende, el derecho a la vida de las personas (embalaje, transporte y manipulación de ciertos alimentos, medicamentos o productos de higiene y cuidado personal, por ejemplo).

    5. El uso racional del plástico, en algunos casos, evita una mayor contaminación y, por ende, daños irreversibles en la salud y en la vida de las personas.

    Resulta innegable que el uso desmedido o descontrolado del plástico ha causado graves daños no solo en el medio ambiente, sino en la salud y en la vida de las personas. De ahí que exista una necesidad totalmente justificada y razonable de disminuir su uso o, incluso, de prohibirlo completamente en muchas de sus aplicaciones. No obstante lo anterior, es preciso también reconocer que el uso del plástico en determinadas circunstancias y en cierta medida, es indispensable para preservar la higiene y seguridad de las personas, lo que redunda directamente en la salud y, por ende, en la vida de las personas (transporte y despacho de carnes, transporte y despacho de medicamentos o sustancias químicas, transporte y despacho de artículos destinados al cuidado y a la higiene personal).

    Para preservar un ambiente saludable, el uso del plástico es necesario en ciertas circunstancias. De ahí que la prohibición absoluta del plástico podría resultar contraproducente para el ambiente, la salud y la vida de las personas. En ese sentido, el artículo 72 del Código de Salud, referente a programas de prevención y control de riesgos ambientales, establece que el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la comunidad organizada con todas las otras instancias apropiadas, sean públicas o privadas, promoverán el desarrollo de programas de cuidado personal y de reducción de riesgos a la salud vinculados con desequilibrios ambientales, u ocasionados por contaminantes químicos, físicos o biológicos. El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, que prohíben el uso de sustancias dañinas al medio ambiente y en consecuencia al ser humano.

    En virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las condiciones de su existencia. Para ello, los Estados Partes se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de estos derechos. Este artículo también establece que, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, los Estados Partes se comprometen a adoptar, individualmente y mediante la cooperación internacional, todas las medidas, incluidos programas concretos, necesarios para, entre otros, mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.

    En ese orden de ideas, adoptar cualquier normativa prohibitiva extrema, referente al uso del plástico que implique una desmejora en los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, podría poner en riesgo no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino la salud y, por ende, la vida de los mismos, desmejorando y poniendo en peligro su existencia. La prohibición absoluta del plástico resultaría entonces nociva no solo para el ambiente, sino para la salud y la vida de las personas, toda vez que dicha prohibición implicaría una manipulación inadecuada y, por tanto, antihigiénica e insegura de objetos y sustancias que están en contacto directo con las personas. El uso del plástico en ciertos casos y de manera controlada, resguarda a las personas de contaminantes químicos, físicos o biológicos que podrían derivar no solo en el deterioro de la salud, sino incluso, en el fin de la vida de las personas.

    No es razonable que existan normas que prohíban absolutamente el uso del plástico cuando, hasta la fecha, no existe en el mercado ningún otro material que pueda sustituir de manera eficiente y con la higiene y seguridad necesarias, el empaque, distribución y manipulación de determinados productos consumidos por el público. De ahí que, a juicio de la autora, todas aquellas disposiciones normativas municipales que prohíben absolutamente el uso del plástico dentro de sus circunscripciones territoriales podrían ser inconstitucionales por vulnerar la garantía innominada de razonabilidad de las normas contenida y reconocida por vía del artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

    Diana De Mata
    Consortium Legal – Guatemala

     
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