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Blindaje Corporativo: Protege tu Participación Accionaria y tu Sociedad  


Rodolfo Salazar, Guatemala,  November 22, 2023

El entorno corporativo es complejo, y las participaciones accionarias son una de las áreas más sensibles de una sociedad. Sin embargo, muchos empresarios desconocen que existen riesgos legales que podrían vulnerar su estructura corporativa.

Uno de estos peligros, lamentablemente en aumento, es el hurto de participaciones accionarias a través de documentos falsificados. En muchos casos, este acto fraudulento puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad.

Las participaciones accionarias, al ser tan vitales, se convierten en blanco de diversas amenazas. Sorprendentemente, a pesar de la relevancia que tienen, no todos los empresarios están plenamente conscientes de los riesgos legales a los que se exponen, y menos aún de las medidas preventivas que podrían adoptar.

El hurto de acciones a través de la falsificación de documentos es una práctica que ha ido ganando terreno, es un claro ejemplo de cómo la falta de un blindaje legal adecuado puede abrir las puertas a actores malintencionados.

Al no tomar las precauciones necesarias, las empresas se exponen a fraudes que, más allá de la pérdida económica, pueden erosionar la confianza y reputación que tanto esfuerzo les costó construir. Por lo tanto, es fundamental comprender el valor y la necesidad de una seguridad jurídica sólida para poder operar con confianza en el ámbito empresarial.

El modus operandi: Actas notariales y cambios fraudulentos

En el mundo empresarial, la confianza es una moneda esencial, y las actas notariales son herramientas que respaldan esa confianza al certificar hechos y actos jurídicos. Sin embargo, delincuentes hábiles han encontrado en ellas una vía para perpetrar sus fraudes. Aprovechando la autenticidad que estos documentos poseen ante la ley, crean versiones falsificadas que parecen indistinguibles de las originales. Mediante estas actas fraudulentas, modifican la estructura administrativa de la sociedad, principalmente cambiando a su representante legal.

Una vez este nuevo «representante» ha sido establecido en el papel, el camino está libre para una serie de acciones maliciosas. Ya con el control aparentemente legal de la sociedad, estos individuos realizan modificaciones en las cuentas bancarias, lo que les permite acceso libre a los fondos empresariales. Además, llevan a cabo la venta de propiedades y activos, muchas veces a precios irrisorios o a entidades igualmente fraudulentas, en una carrera contra el tiempo antes de que se detecte el engaño. La rapidez con la que operan estos estafadores es alarmante y, cuando las empresas se percatan de la situación, el panorama es desolador: cuentas vacías, activos desaparecidos y un rastro de transacciones y decisiones que jamás autorizaron. Esta técnica, si bien sofisticada, subraya la importancia de tener medidas preventivas robustas y de estar siempre alerta ante posibles anomalías.

El camino de recuperación

Enfrentarse a un acto fraudulento de esta magnitud es una pesadilla para cualquier empresario. El mero hecho de descubrir el engaño ya es problemático, pero lo que sigue es una maratónica lucha jurídica que requiere perseverancia, tiempo y recursos.

Una vez se detecta el hurto de las participaciones accionarias, la víctima tiene la responsabilidad de presentar una denuncia penal. Esta es la puerta de entrada al sistema judicial, donde se espera que la justicia haga su trabajo y restituya lo que fue ilegalmente arrebatado.

Sin embargo, la realidad es menos alentadora. La carga de trabajo y los limitados recursos con los que cuenta el Ministerio Público pueden llevar a que la investigación inicie hasta un año después de la denuncia. Y una vez iniciada, no es raro que se extienda por años, dado la complejidad de estos casos y la habilidad de los delincuentes para ocultar sus rastros.

Mientras tanto, la empresa en cuestión continúa sufriendo. Los activos se disipan, los fondos se evaporan, y la reputación puede verse seriamente afectada. Las relaciones comerciales pueden tensionarse, y la confianza de los clientes y proveedores puede romperse.

El coste emocional de este proceso es considerable y en este escenario, es esencial contar con una estrategia legal sólida y un equipo de confianza que guíe y apoye durante este complicado proceso.

Blinda tu Sociedad

Emisión y resguardo de acciones:

A simple vista, puede parecer un trámite administrativo rutinario, pero la correcta emisión y resguardo de acciones es una de las principales barreras defensivas contra el fraude. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando de la representación del poder y propiedad dentro de una sociedad. Por lo tanto, cualquier fallo o negligencia en este proceso es, esencialmente, dejar una puerta abierta a malintencionados.

Al emitir los títulos de acciones a sus respectivos accionistas, no solo estamos formalizando la participación de estos en la sociedad, sino que también estamos dotando a la empresa de una herramienta legal en caso de disputas o fraudes. Estos títulos, una vez en manos de los accionistas, deben ser resguardados como el bien valioso que son. En términos prácticos, es como si tuviéramos en nuestras manos una parte del control y destino de la empresa.

Por otro lado, resguardar adecuadamente estas acciones no significa simplemente guardarlas en un archivero. Se debe considerar la utilización de cajas de seguridad, sistemas de registro electrónicos o, incluso, la custodia a través de entidades especializadas. Al hacerlo, estamos creando múltiples niveles de seguridad y asegurando que, en caso de un intento de fraude, la recuperación y defensa de la propiedad sea más rápida y efectiva.

En definitiva, la emisión y resguardo adecuado de las acciones no solo es una buena práctica administrativa, sino una estrategia defensiva esencial en el ambito corporativo. La inversión en este proceso, tanto en tiempo como en recursos, es mínima en comparación con el potencial daño que podría causar un acto fraudulento.

Avisos de emisión de acciones:

Los avisos de emisión de acciones, más allá de ser una obligación formal, son una herramienta estratégica para proteger a la sociedad y a sus accionistas. Presentar estos avisos ante el Registro Mercantil es una acción que brinda certeza jurídica sobre la cantidad y propiedad de las acciones emitidas. No se trata solo de un procedimiento administrativo, sino de una medida proactiva de seguridad y transparencia.

Cuando una sociedad presenta estos avisos correctamente, está haciendo oponible a terceros la cantidad exacta de acciones emitidas. Esto significa que, en el caso de un litigio o disputa, los terceros (incluidos aquellos que puedan actuar de mala fe) no pueden alegar desconocimiento sobre el número y distribución de estas acciones. En otras palabras, la sociedad tiene una base sólida y reconocida legalmente sobre la cual argumentar en su defensa.

La precisión en la información del capital autorizado, suscrito y pagado es de suma importancia. Cualquier error o inconsistencia puede ser aprovechado por individuos malintencionados para crear confusiones o justificar actos fraudulentos. Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que estos datos estén actualizados y reflejen fielmente la realidad de la sociedad.

Además, al mantener estos avisos al día, se facilita enormemente la detección de irregularidades. Cualquier movimiento inusual o inconsistente con los registros oficiales será más fácil de identificar, permitiendo a la sociedad actuar rápidamente ante posibles amenazas.

En resumen, los avisos de emisión de acciones no son simplemente un trámite o papeleo más. Son un escudo de protección, una garantía de transparencia y una herramienta que, en manos de una administración diligente, puede ser crucial para proteger la integridad y estabilidad de una sociedad.

Custodia de los libros corporativos:

Los libros corporativos y contables no son simplemente registros de las actividades de una sociedad, son la base de su estructura legal y financiera. Estos documentos, que contienen desde actas de asambleas hasta balances financieros, representan la historia y el estado actual de una sociedad, siendo por lo tanto, instrumentos indispensables en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.

Mantener estos libros bajo la custodia directa de la sociedad tiene múltiples ventajas. Primero, se asegura que la información se mantenga coherente y no esté sujeta a alteraciones no autorizadas. Cuando estos registros están en manos de terceros, aunque sean de confianza, se incrementa el riesgo de que la información sea accesible a personas no autorizadas o que pueda ser alterada, ya sea por error o por acciones deliberadas.

Adicionalmente, al tener estos libros en las propias instalaciones de la sociedad o bajo su control directo, se facilita el acceso inmediato a la información cuando se requiere. Esto es esencial en situaciones donde se necesite tomar decisiones rápidas basadas en datos históricos o financieros, o cuando se requiera presentar evidencia documental ante una solicitud de auditores, reguladores o entidades judiciales.

La custodia adecuada de los libros corporativos no es una simple medida de precaución, es una responsabilidad esencial para garantizar la integridad, transparencia y eficiencia de una sociedad. Es una inversión en la seguridad y estabilidad futura de la sociedad, asegurando que su narrativa, tanto legal como financiera, se mantenga clara y coherente.

Control de Libros Habilitados:

El control de libros habilitados es fundamental para el buen funcionamiento y transparencia de una sociedad. Estos libros, que deben ser habilitados ante la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Mercantil, contienen información crítica sobre las operaciones de la sociedad, incluidos los registros de accionistas y las decisiones de los órganos de administración. Es de suma importancia llevar un registro y control cuidadoso de estos libros para evitar la autorización de libros adicionales que puedan ser utilizados para cometer fraudes.

La autorización de libros adicionales puede dar lugar a una serie de problemas, incluida la duplicación de acciones, la manipulación de la propiedad de las acciones y la creación de una estructura accionarial ficticia.

Por lo tanto, es esencial que la sociedad implemente medidas de control adecuadas para asegurarse de que solo se utilicen los libros habilitados oficialmente y que se lleve un registro preciso de todas las transacciones y cambios en la estructura accionaria. Esto incluye la implementación de sistemas de registro electrónicos seguros, la capacitación de personal en el manejo adecuado de los libros y la realización de auditorías periódicas para garantizar la integridad de los registros.

El control de libros habilitados no es simplemente una cuestión de cumplimiento, sino una estrategia defensiva esencial para proteger la integridad y estabilidad de la sociedad. Al implementar medidas de control adecuadas y llevar un registro preciso, la sociedad puede protegerse contra fraudes y litigios costosos, y garantizar una operación transparente y eficiente.

Educación Judicial:

Es indispensable capacitar a los jueces para que comprendan que la única forma de acreditar la tenencia y los derechos sobre una acción es con una certificación del Secretario del Consejo de Administración o del Administrador Único sobre los registros e inscripciones que constan en el Libro de Registro de Accionistas de una sociedad y, además, el depósito bajo custodia de las acciones en una entidad bancaria. Una copia simple de un título de acción no acredita la calidad de accionista, como erróneamente lo han considerado algunos jueces en sus fallos.

Los jueces deben capacitarse para comprender que se debe demostrar que se está en posesión del título de acciones y que, además, las acciones y el accionista están registrados en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Esto es crucial para evitar fallos judiciales que puedan perjudicar a la sociedad o a los accionistas legítimos, y para garantizar que se respeten los derechos de propiedad y se apliquen correctamente las leyes corporativas.

La capacitación judicial debe incluir no solo una comprensión profunda de las leyes corporativas y los reglamentos aplicables, sino también una educación en las prácticas y procedimientos estándar de la industria. Esto asegurará que los jueces estén equipados con el conocimiento y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y justas en casos que involucren sociedades y acciones.

Al entender completamente cómo se acredita la tenencia y los derechos sobre una acción, y la importancia de los registros en el Libro de Registro de Accionistas, los jueces pueden tomar decisiones más informadas y justas, y contribuir a la protección de los derechos de propiedad y la integridad de las sociedades.

Proactividad y precaución

Las amenazas y desafíos legales no son meros escenarios hipotéticos, sino realidades que cualquier sociedad, sin importar su tamaño o sector, podría enfrentar. Las participaciones accionarias, que representan el núcleo de propiedad y control de una sociedad, no están exentas de estos riesgos. Es precisamente por esto que la proactividad y la precaución se convierten en dos pilares fundamentales para cualquier estrategia de protección corporativa.

Ser proactivo implica ir más allá de reaccionar ante problemas ya presentes. Se trata de anticipar posibles desafíos y actuar antes de que se manifiesten. Esto permite a las sociedades tener una ventaja al contar con mecanismos de defensa ya establecidos y operativos ante cualquier sospecha de irregularidad. La adopción de medidas preventivas, como las descritas anteriormente, no solo sirven para contrarrestar amenazas, sino que envían un claro mensaje a potenciales delincuentes sobre la robustez y vigilancia de la estructura corporativa.

A pesar de las mejores intenciones y prácticas, siempre existirán vulnerabilidades. Sin embargo, la clave está en minimizarlas y estar preparados para actuar con rapidez y determinación cuando se identifiquen.

Por último, es esencial entender que proteger las participaciones accionarias no es solo una responsabilidad hacia los accionistas. Es también un deber hacia los empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general, quienes confían en la integridad y estabilidad de la sociedad.

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