Costa Rica: Posibles cambios en materia de contratación administrativa

La materia de contratación administrativa es sin duda una de las vertientes del Derecho Administrativo más dinámicas. Las tecnologías de la información se han constituido, en esta área, en el vehículo mediante el cual se pueden potenciar los principios de eficiencia, eficacia, publicidad, transparencia e igualdad para que la Administración pueda contratar con los mejores proveedores y obtener de ellos los bienes y servicios que requiere para garantizar la satisfacción del fin público.

Nuestra ley actual de Contratación Administrativa, data de 1996. En estos más de veinte años de vigencia hemos sido testigos de su evolución: cambios en los procedimientos, modificaciones en los controles, y por supuesto uno de los más recientes ha sido la creación de un sistema único de compras que -en la mayoría de las entidades- eliminó la presentación física de la oferta y ha dado paso a la presentación de documentos electrónicos, potenciado los principios que rigen en esta materia y de los que hemos hecho alguna mención en el párrafo anterior.

No obstante lo anterior, y a pesar de que la ley sufrió una reforma integral en el año 2006, lo cierto del caso es que los diversos actores que participan en los procedimientos de compras públicas le endosan algunos yerros. En efecto, algunos proveedores acusan la dispersión normativa como un elemento que los lleva a confusiones, y por ende les llena de inseguridad jurídica, y también se manifiestan  molestos con el  hecho de que muchas veces los procedimientos excepcionales resulten ser la regla en las diferentes entidades que conforman el sector público, toda vez que se ha venido incrementando la pérdida de oportunidades de brindar bienes y servicios, porque otro ente público quiere colaborar con la Administración y obtiene el contrato sin competir con las empresas privadas; las distintas administraciones públicas le endilgan que los procedimientos son lentos, complejos y llenos de controles, que les impiden obtener los bienes y servicios en el momento en que realmente los requieren; finalmente, para algunos órganos de fiscalización superior una buena cantidad de entidades públicas no saben gestionar eficiente y eficazmente sus compras, pues incluso tales procedimientos no obedecen a una adecuada planificación, no se hacen estudios de mercado, y al final se redactan carteles que no responden a las necesidades que se pretenden sufragar, con lo cual se obtienen bienes y servicios que no eran los esperados.

Es en virtud de tales motivaciones, que hoy en día, en la Asamblea Legislativa se discute bajo el expediente N ° 21.546, un proyecto de ley que pretende crear una nueva Ley General de Contratación Pública y en la cual los principales cambios que se pretenden serían los siguientes:

    Una única ley general de contratación administrativa que aplique a todos los órganos y entes que conforman el aparato estatal para brindar seguridad jurídica a los oferentes.
    Potenciar los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de la concatenación de pasos a seguir.
    Depurar las excepciones a los procedimientos ordinarios y ajustar los requisitos para su utilización.
    Impulsar una mejor planificación en las instituciones públicas que permita desarrollar mejores procedimientos de compras.
    Eliminar la regulación de sujetos que se rigen únicamente por principios de contratación administrativa.
    Modificación del régimen de prohibiciones actual, incluyendo nuevas causales y nuevos supuestos para que opere la desafectación de la prohibición.
    Incorporación de un tipo penal que busca castigar a quien introduzca información falsa o desactualizada.
    Declaración jurada ante notario.
    Fomentar la competencia y reducir el número de excepciones a los procedimientos ordinarios.
    Establecimiento de multas para quienes, de manera indebida y arbitraria, abusen del derecho a recurrir y realicen impugnaciones temerarias que contraríen el interés público.

De aprobarse el proyecto de ley mencionado y a raíz de todos estos potenciales cambios que podrían producirse, es que los abogados del área de Derecho Público de Consortium Legal Costa Rica, ya nos hemos empezado a preparar y a estudiar cada uno de los temas novedosos, a efectos de seguir siendo el socio estratégico de nuestros clientes y brindarles, no sólo la asesoría jurídica que requieran, sino también para representarlo y defender sus derechos e intereses en eventuales procedimientos administrativos o procesos judiciales, de ahí que en lo días venideros, continuaremos informando y analizando algunos tópicos de interés relacionados con las variantes normativas que se podrían llegar a presentarse en esta interesante materia.

Asociado, Juan Pablo Vargas
Consortium Legal – Costa Rica