Enagás logra que el CIADI eleve a 302 millones de dólares la compensación que Perú deberá pagarle  

La disputa internacional entre la energética española Enagás y el Estado peruano por la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 2017 ha dado un nuevo giro favorable a la compañía. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha emitido una decisión de rectificación que incrementa la indemnización a 302 millones de dólares, tras haberla fijado inicialmente en 194 millones en diciembre de 2024.

El aumento responde a la suma de 104 millones de dólares adicionales en concepto de daños, intereses y costos legales, según informó Enagás el 26 de mayo en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa considera la decisión una "buenísima noticia", en palabras de su consejero delegado Arturo Gonzalo Aizpiri.

El caso se remonta a la rescisión unilateral del contrato del GSP por parte de Perú, luego del escándalo de corrupción que involucró a Odebrecht, accionista mayoritario del consorcio adjudicatario del proyecto. Enagás poseía un 25% de participación y presentó el reclamo ante el CIADI en 2018, argumentando violaciones al Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú.

El tribunal arbitral fue presidido por el argentino Diego Fernández Arroyo, con los árbitros Andrés Jana (chileno-portugués) y Claus von Wobeser (México), este último con voto disidente. La mayoría concluyó que Perú no otorgó trato justo y equitativo y cometió expropiación indebida. Además, se determinó que el Estado impidió injustamente la repatriación de dividendos de Enagás en relación con otro proyecto, el de Transportadora de Gas del Perú (TGP), también en violación del estándar de trato justo.

Enagás fue representada por los despachos Linklaters (en Washington D.C. y Madrid) y CMS Grau (en Lima), mientras que Perú contó con la defensa de Arnold & Porter. Hasta ahora, el Estado peruano no ha comentado públicamente sobre la decisión, ya que el laudo está sujeto a un posible proceso de anulación.

Además del caso del GSP, Enagás mantiene otro arbitraje en curso desde 2021 ante el CIADI, también relacionado con medidas del Estado peruano que afectan al proyecto TGP. A esto se suman reclamos pendientes por parte de Odebrecht y del consorcio GSP.