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Cómo se usa el CRS para fiscalizar las cuentas en el extranjero en América Latina
Jason Jones, de Barbosa Legal, analiza cómo las autoridades tributarias cruzan los datos de cuentas en el extranjero y qué implica ese control para la planificación patrimonial de las familias.

Por Jason Jones, abogado sénior especializado en Derecho Tributario de Barbosa Legal, firma miembro de DRT Alliance, red encabezada por Diaz Reus International Law Firm.
El Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) se creó como un mecanismo de intercambio de información. En América Latina, hoy es una herramienta de fiscalización tributaria.
Las autoridades de la región utilizan los datos del CRS para seleccionar casos para auditoría, contactar a contribuyentes, recuperar impuestos, evaluar riesgos y, en algunos países, completar de forma anticipada las declaraciones de renta. Diez jurisdicciones latinoamericanas intercambian información mediante el CRS: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Según el informe Tax Transparency in Latin America 2026 de la OCDE, en 2025 las autoridades tributarias de la región recibieron información sobre más de cinco millones de cuentas financieras en el extranjero, con activos por un valor conjunto de 463.000 millones de euros. El informe señala que el 100 % de las jurisdicciones encuestadas utiliza esos datos en auditorías tributarias, el 90 % en la evaluación de riesgos y la recuperación de impuestos, el 70 % para notificar a contribuyentes y el 10 % para completar de forma anticipada sus declaraciones.
Para quienes asesoran a clientes privados, la consecuencia es directa. Una estructura puede ser jurídicamente válida en todas las jurisdicciones pertinentes y aun así quedar expuesta a un riesgo fiscal si la información que se declara sobre ella presenta inconsistencias.
La pregunta ha cambiado
Al analizar una cuenta en el extranjero, un fideicomiso, una sociedad, una empresa holding o un vehículo de inversión, conviene partir de que sus datos podrían comunicarse y preguntarse con qué información se van a cruzar.
La lista es extensa. Incluye las declaraciones de renta y de ingresos del exterior, la residencia fiscal declarada y las posiciones adoptadas al amparo de convenios fiscales, los registros de beneficiarios finales y de prevención del lavado de activos y conocimiento del cliente (AML/KYC), los registros de entidades, la documentación societaria y los estados financieros. También abarca los registros de fideicomisos, fundaciones y fiduciarios, la titularidad declarada de inmuebles, empresas operativas y activos de inversión, y toda la información facilitada a lo largo de los años a bancos, fiduciarios, family offices, contrapartes y autoridades tributarias.
El riesgo suele surgir cuando varios sistemas de información contienen datos contradictorios sobre la misma estructura.
Dónde aparecen las inconsistencias
Pensemos en una familia latinoamericana con un fideicomiso extranjero, una LLC estadounidense que actúa como holding, una sociedad operativa fuera de Estados Unidos y cuentas en varios centros financieros. Cada elemento puede responder a una finalidad fiscal y sucesoria legítima. La estructura se vuelve vulnerable cuando la autocertificación de residencia fiscal de la cuenta, la clasificación de la entidad a efectos del CRS, las personas identificadas como titulares del control, el expediente de beneficiarios finales y la declaración local de un miembro de la familia presentan versiones distintas.
- Residencia fiscal. Una mudanza, una situación de doble residencia, un cambio de estatus migratorio o el traslado de una familia pueden dar lugar a que distintas instituciones comuniquen datos diferentes. Las autocertificaciones deben actualizarse cuando cambian las circunstancias.
- Clasificación de entidades. La clasificación como institución financiera, entidad no financiera activa o entidad no financiera pasiva determina sobre quién se comunica información. Conviene documentarla y comprobar que corresponda a la actividad real de la entidad, su gobernanza, sus activos y sus fuentes de ingresos.
- Gobernanza de fideicomisos y fundaciones. Las entidades financieras pueden examinar el papel de los constituyentes, fiduciarios, protectores, beneficiarios y cualquier otra persona que ejerza control efectivo. Conviene cotejar las facultades reservadas, los derechos de veto y de dirección de inversiones, las facultades de distribución y las prácticas informales de la familia con la información declarada.
- Beneficiarios finales. El CRS, las normas de AML/KYC y las reglas nacionales sobre beneficiarios finales son regímenes distintos que examinan muchos de los mismos hechos. Si se identifica a una persona como beneficiaria final a efectos de prevención del lavado de activos y a otra como titular del control efectivo a efectos del CRS, esa diferencia puede atraer el escrutinio de las autoridades.
- Rentas del exterior y distribuciones. Los rendimientos de cuentas, las distribuciones de fideicomisos, los reembolsos, los préstamos, las garantías, las participaciones en beneficios (carried interest) y las transferencias entre entidades vinculadas deben poder conciliarse con el tratamiento fiscal y las obligaciones declarativas que correspondan en cada país.
Transparencia controlada
Preservar la privacidad sigue siendo un objetivo legítimo en la planificación patrimonial. Una estructura puede limitar su exposición pública y, al mismo tiempo, facilitar información exacta, puntual y coherente a las entidades financieras y a las autoridades competentes.
La transparencia controlada consiste en saber quién comunica cada dato, a quién, bajo qué clasificación jurídica y con qué respaldo documental. Para ello, conviene elaborar un mapa de datos que permita revisar la estructura antes de ponerla en marcha o al corregir deficiencias ya detectadas. El análisis abarca cinco dimensiones.
- Titularidad jurídica. Titulares legales, accionistas, socios, administradores fiduciarios y otros titulares de funciones fiduciarias.
- Beneficio económico. Beneficiarios actuales y contingentes, derechos de distribución y beneficios indirectos.
- Control. Facultades de voto, nombramiento y destitución, inversión y distribución, así como poderes del protector y derechos de veto.
- Calificación fiscal. Residencia, clasificación de entidades, atribución de rentas y obligaciones declarativas.
- Obligaciones de información. CRS, FATCA, AML/KYC, beneficiarios finales y declaraciones fiscales locales.
Cada régimen aplica sus propios criterios jurídicos. El objetivo es contar con una explicación fundada para cada diferencia.
Brasil, Estados Unidos y el contexto regional
Para los residentes en Brasil con estructuras en el extranjero, además de examinar la declaración de activos y la inclusión de rentas en la base imponible, conviene comprobar si la titularidad, la gestión y el control declarados de cada entidad o vehículo coinciden con lo que puede conocerse a través del CRS, de la diligencia debida de las entidades financieras y de los registros de beneficiarios finales.
Estados Unidos no participa en el CRS. La información sobre estructuras estadounidenses puede aflorar por medio de FATCA, las obligaciones declarativas nacionales, los tratados y mecanismos de intercambio de información, la diligencia debida bancaria y los datos del CRS remitidos por otros países. Así, una LLC, un fideicomiso o una cuenta de inversión en Estados Unidos pueden ocupar un lugar central en la información que una autoridad latinoamericana reúna sobre el patrimonio de una familia en el extranjero, incluso sin un intercambio recíproco bajo el CRS.
Los criptoactivos son el siguiente paso
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Panamá se han comprometido a implementar el Marco de Reporte sobre Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés) de la OCDE, con los primeros intercambios automáticos previstos para 2027 y 2028. Las familias que hasta ahora han considerado los activos digitales al margen de los sistemas tradicionales de información deberían incorporarlos a sus revisiones de titularidad, residencia, origen de fondos y planificación sucesoria.
El nuevo estándar de planificación
El CRS exige un seguimiento continuo desde la apertura de una cuenta. Las estructuras que mejor resistirán una revisión serán aquellas cuyos documentos jurídicos, mecanismos de gobernanza, declaraciones fiscales, certificaciones bancarias, registros de beneficiarios finales y prácticas familiares se mantengan coherentes con el paso del tiempo.
Antes, la pregunta era si se podía constituir una estructura. Hoy, la pregunta es si lo declarado sobre su titularidad, control, residencia y beneficio económico sigue siendo coherente cuando se cruzan datos de distintos países.
Key facts
- En 2025, las autoridades de la región recibieron datos sobre más de cinco millones de cuentas financieras en el extranjero, con activos por 463.000 millones de euros.
- Las administraciones tributarias encuestadas utilizan la información del CRS para auditorías, evaluación de riesgos, recuperación de impuestos, notificaciones y cumplimentación anticipada de declaraciones.
- El autor propone revisar las estructuras patrimoniales en cinco frentes: titularidad jurídica, beneficio económico, control, calificación fiscal y obligaciones de información.



