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México redefine el marco de inversión extranjera: nuevas consideraciones jurídicas para las empresas chinas
México debate nuevas reglas para las adquisiciones extranjeras en sectores estratégicos, un cambio que podría transformar la estructuración de inversiones chinas y el asesoramiento corporativo
México avanza en una reforma de su Ley de Inversión Extranjera que podría transformar las condiciones de entrada de capital internacional en sectores estratégicos, introduciendo un procedimiento específico de revisión de adquisiciones por razones de seguridad nacional.
La iniciativa, presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada por el Senado el 30 de septiembre de 2026, fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación legislativa.
La propuesta representa un cambio significativo en el régimen mexicano de inversiones extranjeras, tradicionalmente centrado en restricciones sectoriales, límites de participación y determinados requisitos de autorización administrativa.
El nuevo enfoque permitiría evaluar no solamente las características económicas de una adquisición, sino también sus posibles consecuencias para la seguridad nacional, las infraestructuras estratégicas y el control de tecnologías e información sensibles.
Aunque la reforma se aplicaría a inversores de cualquier nacionalidad, resulta especialmente relevante para empresas chinas con intereses en México, particularmente en industrias manufactureras, energía, minerales estratégicos, infraestructura tecnológica y cadenas internacionales de suministro.
Adquisiciones superiores al 49 % bajo revisión especial
La reforma contempla un procedimiento de escrutinio para determinadas inversiones extranjeras que supongan una participación superior al 49 % del capital social de una empresa mexicana.
No todas las adquisiciones que superen ese porcentaje quedarían automáticamente sometidas al nuevo procedimiento.
La revisión obligatoria dependería también del valor de los activos de la compañía y de su actividad en sectores considerados sensibles para la seguridad nacional.
Entre las actividades contempladas figuran infraestructura estratégica, tecnologías críticas y productos de doble uso, insumos fundamentales, seguridad alimentaria y acceso o control de información sensible.
El texto plantea que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) pueda autorizar las operaciones, imponer condiciones para mitigar riesgos o impedir determinadas adquisiciones.
Una de las modificaciones introducidas durante el proceso legislativo redujo a 45 días hábiles el plazo ordinario de resolución propuesto.
La iniciativa contempla asimismo posibles medidas correctivas, sanciones administrativas y obligaciones de desinversión en determinados supuestos.
Estas disposiciones podrían introducir nuevas condiciones precedentes y mayores exigencias de análisis regulatorio en operaciones de M&A.
Defensa, Marina y Seguridad participarían en la supervisión de inversiones
Uno de los elementos más significativos de la reforma es la ampliación de la composición de la CNIE.
El texto aprobado por el Senado contempla incorporar a representantes de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La participación de estas autoridades refleja la intención de integrar consideraciones de seguridad nacional en la evaluación de inversiones extranjeras.
El modelo también prevé mecanismos de coordinación con otras instituciones públicas, incluidos organismos relacionados con inteligencia, fiscalidad y prevención de operaciones ilícitas.
Para las empresas internacionales, este diseño supondría una evaluación regulatoria más amplia que la tradicional revisión societaria y económica.
Por qué la reforma interesa especialmente a China
México ocupa una posición estratégica para los fabricantes e inversores chinos por su integración industrial con Estados Unidos, su base manufacturera y su red de tratados comerciales.
La industria automotriz es uno de los ejemplos más evidentes.
En febrero de 2026, Reuters informó de que los fabricantes chinos BYD y Geely figuraban entre los finalistas interesados en adquirir una planta automotriz de Nissan y Mercedes-Benz en Aguascalientes.
La instalación cuenta con una capacidad aproximada de 230.000 vehículos anuales.
El interés de los fabricantes chinos refleja la importancia de México como potencial plataforma industrial para abastecer mercados de América Latina y América del Norte.
Sin embargo, las operaciones de este tipo se desarrollan en un entorno comercial complejo, marcado por las políticas arancelarias estadounidenses, los requisitos de origen de las mercancías y la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
La eventual aprobación de un nuevo régimen de seguridad nacional añadiría otra dimensión regulatoria a las decisiones de adquisición y expansión empresarial.
El interés de BYD y Geely constituye un proceso de posible adquisición comunicado públicamente, no una operación cuyo cierre se haya confirmado.
Consecuencias para los equipos jurídicos de M&A
La reforma podría modificar sustancialmente la planificación de operaciones entre inversores chinos y empresas mexicanas.
En primer lugar, los asesores deberán examinar si la compañía objetivo desarrolla actividades comprendidas entre los sectores sujetos a revisión y si la inversión alcanza los umbrales relevantes.
También adquiriría importancia la identificación de la estructura de propiedad y de los beneficiarios finales del inversor, especialmente cuando intervengan sociedades holding o vehículos de inversión establecidos en distintas jurisdicciones.
La debida diligencia regulatoria deberá incorporar cuestiones relacionadas con infraestructura estratégica, tecnologías sensibles, protección de datos y seguridad nacional.
Desde el punto de vista contractual, podrían cobrar mayor relevancia las condiciones precedentes vinculadas con autorizaciones, las cláusulas de distribución del riesgo regulatorio y los mecanismos de resolución de controversias cuando una autoridad condicione o impida una adquisición.
Asimismo, las partes deberán evaluar el impacto de posibles retrasos administrativos sobre las fechas límite de cierre y los compromisos de financiación.
La revisión de seguridad nacional sería, en su caso, distinta del análisis de competencia económica, aunque una misma operación podría estar sujeta a ambos procedimientos.
Un régimen que todavía no ha concluido su tramitación
La reforma recibió el respaldo del Senado por 65 votos a favor y 30 en contra en la votación general.
Posteriormente, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde figura turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
La información legislativa consultada no permite confirmar su aprobación definitiva ni su entrada en vigor.
Por tanto, las obligaciones descritas corresponden a un régimen propuesto y no deben presentarse como requisitos legales actualmente aplicables.
La evolución de esta iniciativa será especialmente importante para las empresas chinas que estén evaluando adquisiciones de control o inversiones estratégicas en México.
La posibilidad de someter operaciones a criterios específicos de seguridad nacional puede influir tanto en las estructuras de inversión como en el calendario y la distribución contractual de riesgos.
Key facts
- Reforma: México tramita una modificación de la Ley de Inversión Extranjera para introducir revisiones por motivos de seguridad nacional
- Situación legislativa: Aprobada por el Senado el 30 de septiembre de 2026 y remitida a la Cámara de Diputados
- Umbral propuesto: Determinadas adquisiciones extranjeras superiores al 49 % del capital, sujetas también a criterios sectoriales y de valor de activos
- Sectores afectados: Infraestructura estratégica, tecnologías críticas, productos de doble uso, insumos fundamentales y actividades relacionadas con información sensible
- Autoridad: La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras asumiría nuevas facultades de escrutinio
- Inversión china: El interés anunciado de BYD y Geely por una planta automotriz mexicana ilustra la relevancia de estas cuestiones para los grupos chinos
- Impacto jurídico: Nuevas exigencias potenciales de due diligence, autorización, gobierno societario y asignación del riesgo regulatorio
- Advertencia: La reforma no debe considerarse vigente mientras no concluya su tramitación y entrada en vigor