Acuerdo histórico para la modernización de Puerto Quetzal: un paso trascendental en el desarrollo de la infraestructura y la cooperación internacional de Guatemala

BLP Legal - El 22 de mayo de 2025  se  firmó del acuerdo entre el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de la Defensa, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) para la modernización de Puerto Quetzal marca un hito en el desarrollo de infraestructura clave para el país. Este acuerdo no solo fortalece la cooperación técnica internacional, sino que abre la puerta a la inversión privada bajo estándares de primer nivel. El proyecto  en su primera fase de planificación tendrá un costo de US$63 millones  y la obra  en su totalidad se estima en US$ 600 millones. 

Desde una perspectiva jurídica y operativa, el USACE no será ejecutor directo de las obras, sino supervisor y administrador de futuros contratos. Esto significa que los proyectos derivados se adjudicarán a contratistas privados mediante licitaciones públicas a través del portal System for Award Management (SAM.gov), conforme a la normativa estadounidense (Federal Acquisition Regulation, FAR).

La aplicación de este modelo en Guatemala implica un doble cumplimiento normativo: por un lado, la rigurosa normativa estadounidense en materia de adquisiciones federales, y por otro, la legislación local en temas de permisos, regulación ambiental y condiciones laborales. Este marco de acción demanda que las empresas interesadas cumplan con estándares técnicos, jurídicos y financieros para competir con éxito.

Desde el ámbito empresarial, esta alianza representa una oportunidad única para firmas de ingeniería, construcción, diseño y logística—ya sean estadounidenses, guatemaltecas o regionales—que busquen integrarse como subcontratistas o socios estratégicos. Las obras de infraestructura portuaria y conectividad requerirán conocimientos especializados, maquinaria de última generación e innovación tecnológica que trascienden fronteras.

Pero más allá de su impacto en la economía y el comercio, este acuerdo tiene una dimensión humana de gran relevancia. La modernización de Puerto Quetzal no solo se traduce en mejoras en la competitividad del país y reducción de costos logísticos, sino también en la generación de empleo formal y el impulso del desarrollo sostenible. En el fondo, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar las causas estructurales de la migración irregular.

En un contexto global donde las alianzas público-privadas con visión internacional cobran cada vez mayor relevancia, acuerdos como este no solo construyen infraestructura física, sino que fortalecen la institucionalidad y el desarrollo social. Para quienes trabajamos en el derecho de la infraestructura, este es un momento de actuar con rigor y responsabilidad, conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen en la vida de millones de guatemaltecos.

Si los proyectos derivados de este acuerdo se implementan con éxito, Guatemala tendrá la oportunidad de desarrollar obras estratégicas que han sido postergadas por años. Es un camino desafiante, pero el potencial transformador de esta alianza es indiscutible.

El modelo de contratación a través de USACE se vislumbra como el mecanismo que Guatemala utilizará no solo para  Puerto Quetzal si no para   el Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlantico,  la recuperación del sistema ferroviario,  el metro riel en la ciudad de Guatemala y otros mega proyectos de infraestructura que se están priorizando.

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