Avances institucionales para el desarrollo empresarial en Guatemala

Alegalis - Durante el año 2025, el Estado de Guatemala ha emprendido distintos esfuerzos para poder fomentar y fortalecer el crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Hay dos actos concretos que resaltan dichos esfuerzos. El primero es la nueva Política para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala. El segundo sin duda fue la aprobación del Decreto 32-2024, mejor conocido como la Ley de Competencia, que si bien fue publicado en el Diario de Centroamérica el 9 de diciembre de 2024, ha dado mucho de qué hablar durante el año 2025. 
En lo relativo a la política mencionada, fue el 5 de marzo del año 2025 cuando el Ministerio de Economía presentó la política aludida. Esta se plantea como un marco estratégico que se encuentra destinado a la promoción de aquel crecimiento sostenido, competitivo e innovador de este tipo de empresas en el territorio guatemalteco. Entre sus objetivos principales objetivos se encuentran los siguientes: 

1.    Incentivar la formalización de las microempresas y pequeñas empresas con el fin de poder mejorar su acceso al financiamiento y los servicios de desarrollo empresarial que estas normalmente ofrecen, de forma que puedan integrarse a la economía formal del país. 

2.    Impulsar la economía social y solidaria, con la cual se busca una mayor equidad y desarrollo sostenible por parte de las comunidades del país, promoviendo de esta forma su inclusión en el sector empresarial. 

3.    Fortalecer la capacidad productiva y los servicios de las pequeñas y medianas empresas, con lo que se pretende aumentar su productividad y eficiencia en el desarrollo de sus labores diarias. 

La viceministra de desarrollo destacó que la política busca aumentar y mejorar los programas de formación y capacitación continua que el país actualmente ofrece a este tipo de emprendedores. Lo anterior se debe a que alrededor del 70% de los puestos de trabajo en Guatemala provienen de este tipo de emprendimientos. Asimismo, el 40% del Producto Interno Bruto del país se genera en pequeñas y medianas empresas. 

Consecuentemente, y con el fin de impulsar la innovación, se busca la implementación de esta política acompañada por la creación de un Fondo de Innovación y Transformación que se encuentra financiado con una suma de alrededor de 50,000,000 de quetzales. Con este fondo se apoyará el acceso a tecnologías modernas y a la mejora de prácticas sostenibles. Por último, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, se realizó un estudio de la economía social y solidaria del país, y en sus conclusiones se estableció que estas estrategias servirán para implementar mejores políticas en los próximos años.

En lo relativo al Decreto 32-2024, este se plantea como un esfuerzo específicamente de parte del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se promovió la inclusión de alrededor de 121 artículos y la creación de la Superintendencia de Competencia, que será el órgano encargado de supervisar y sancionar aquellas prácticas que se consideren como anticompetitivas. Esta ley hace una distinción entre prácticas relativas como la manipulación de precios, la división de mercados, las restricciones en la producción o coordinación de ofertas en licitaciones, entre otras; y las prácticas absolutas, que incluyen ciertos supuestos como la venta de productos por debajo del costo, para lograr la exclusión de competidores, la imposición de precios y la restricción de acceso a insumos esenciales para la entrada de nuevos competidores. 

Incurrir en alguna de estas prácticas podría resultar en sanciones sumamente severas, ya que las multas pueden alcanzar montos millonarios. Con ello, lo que se pretende es garantizar un entorno de competencia leal dentro del país, para proteger tanto a los consumidores como a las pequeñas y medianas empresas e incluso atraer una mayor cantidad de inversión. Su implementación jugará un papel importante para la inclusión de negocios pequeños, ya que los pone en un plano de igualdad de condiciones con empresas ya establecidas, evitando de esta forma aquellos monopolios que podrían llegar a dañar el mercado. Sin perjuicio de lo anterior, aún estamos a la expectativa de la verdadera implementación de esta ley, ya que muchas de sus disposiciones entrarán en vigor dentro de algunos años. Sin perjuicio de que la ley cuente con una regulación robusta, la mala implementación podría erradicar cualquier posibilidad de resultados positivos o incluso generar resultados contraproducentes tanto para los emprendedores como para las empresas ya establecidas.

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