Recursos naturales: Conflictos violentos y violaciónes de derechos humanos en América Latina

El número de países que dependen de los recursos naturales para su desarrollo económico y social ha aumentado significativamente en las últimas décadas afectando a los derechos humanos de las personas más marginadas, en particular, los pueblos indígenas. La creciente demanda de recursos no renovables y la necesidad de explorar y explotar los recursos de maneras cada vez más invasivas, probablemente continúe afectando a las tierras de los pueblos indígenas que viven en países con reservas de recursos importantes. Es un hecho que los riesgos asociados con la minería (de minerales), extracción de petróleo y gas afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Lo anterior ha sido ampliamente documentado en una serie de informes y estudios realizados por el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Además, la explotación de petróleo, gas y minerales es, cada vez más, uno de los principales desencadenantes de conflictos violentos y violaciónes de derechos humanos en América Latina. La degradación ambiental y los posteriores conflictos relacionados con los recursos sobre las tierras y territorios indígenas pueden tener impactos negativos sobre la vida social y cultural de los pueblos indígenas, incluyendo la migración forzada, el desplazamiento y el desalojo y la destrucción de los medios de vida tradicionales. Estos efectos negativos se asocian con altas tasas de suicidio y de mortalidad, depresión y consumo de alcohol, en muchas comunidades indígenas de todo el mundo.

Varios acontecimientos positivos se han producido en las últimas tres décadas en cuanto al establecimiento de marcos legales y políticos que abogan por la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen. Un acontecimiento positivo fue la adopción en 1989 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (OIT C169) que ha sido ratificado por 22 países, 15 de los cuales están en la region de América Latina y el Caribe. Además, el marco legal y normativo en el que operan las industrias extractivas se ha desarrollado enormemente en las últimas dos décadas impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la aprobación en 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas La Declaración hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de procurar su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Aunque no es legalmente vinculante para los Estados, salvo ratificado como ley, la Declaración va más allá de las declaraciones internacionales anteriores sobre los derechos indígenas, especialmente en áreas clave como los derechos colectivos a la libre determinación y el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, el derecho a la propiedad y control de sus tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a la integridad cultural y el derecho a un desarrollo culturalmente apropiado.

Por tanto, existe una necesidad creciente de los Estados y de las empresas para crear plataformas de consulta participativas para suministrar a los pueblos indígenas con una vía para participar en las decisiones que afectan sus derechos, el bienestar y sus medios de vida tradicionales. En este sentido, la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada evitaría posibles quejas y reclamos que surgen en torno a la explotación de recursos y contribuiría a la eliminación de la discriminación contra los pueblos indígenas.

El no cumplir con el marco jurídico internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas ahora es considerado un riesgo y un coste por muchas empresas de la misma manera que se tienen en cuentan riesgos financieros, técnicos y de otro tipo se tienen que incluir riesgos asociados a las violaciones de derechos humanos.


Patricia Garcia Rodríguez

Human Rights Policy Analyst, specialized and expert on Business and Human Rights