Análisis
Latin America Corruption Survey 2024: el compliance corporativo está ayudando a combatir actividades ilícitas, pero persiste el escepticismo sobre las leyes anticorrupción
La Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024, realizada por Miller & Chevallier junto con estudios de abogados líderes, revela la persistencia de la corrupción en la región.
La Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024, realizada por Miller & Chevallier junto con estudios de abogados líderes, revela la persistencia de la corrupción en la región. El informe, publicado la semana pasada, abarca varias industrias y funciones, recopilando información de más de 1.000 profesionales de toda la región y los EE.UU. y basándose en los conocimientos de encuestas anteriores.
El cumplimiento de las normas por parte de las empresas (compliance) se perfila como el principal enfoque para combatir la corrupción. 8 de cada 10 encuestados afirmaron que sus empresas han avanzado en la adopción de medidas para prevenir los riesgos de corrupción.
Además de los programas básicos de cumplimiento, ha surgido una nueva tendencia: "Un porcentaje significativo de encuestados afirma ahora que sus empresas cuentan con procedimientos para donaciones benéficas y comunitarias, contribuciones políticas y facilitación de pagos, así como políticas de diligencia debida con terceros, denuncias anónimas, mecanismos, personal de cumplimiento a tiempo completo, auditorías y evaluaciones anticorrupción y diligencia debida en fusiones y adquisiciones", revela el informe.
A pesar del conocimiento de los procesos por corrupción, hay escepticismo sobre la eficacia de las leyes anticorrupción locales, ya que sólo el 40% de los participantes afirma que las leyes son eficaces en un grado moderado o significativo.
La encuesta mostró que casi la mitad de los encuestados cree que la corrupción "es un obstáculo importante para hacer negocios". El 41% de los participantes "cree que sus empresas han perdido negocios a manos de competidores que realizan pagos ilícitos", aunque este porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Los partidos políticos y los gobiernos, por otra parte, siguen considerándose significativamente corruptos.
"Al considerar los mecanismos gubernamentales de resolución de conflictos y de enjuiciamiento, el 49% de los encuestados percibe una corrupción significativa en el poder judicial y el 41% dice lo mismo de los servicios de enjuiciamiento o de investigación", añade el informe. No obstante, en toda la región hay un mayor conocimiento de las actuaciones judiciales.
En cuanto a la legislación, el 27% de los participantes afirma que "la FCPA u otras leyes anticorrupción mitigan significativamente el riesgo de corrupción". El informe afirma: "(...) sólo en dos de los ocho países que han reforzado sus leyes (Colombia y Chile) vemos un cambio positivo en la percepción de la eficacia de las leyes anticorrupción, y sólo Chile parece haber establecido un régimen legal y de aplicación creíble."
Venezuela, Nicaragua y Bolivia fueron mencionados como los países más corruptos para hacer negocios, mientras que Estados Unidos, Uruguay y Chile fueron destacados como los menos corruptos.
Cabe destacar que la participación de profesionales de El Salvador y Nicaragua fue extremadamente baja, situación que sugiere que la corrupción endémica y la intimidación contra los críticos pueden disuadir la colaboración en este informe.
Autora: Marina Vanni