Justicia costarricense: un sistema en evolución que merece nuestra confianza

En un contexto global donde muchas democracias enfrentan turbulencias institucionales, el Poder Judicial de Costa Rica mantiene una posición destacada como garante de derechos, equilibrio democrático y resolución de conflictos.
Así lo demuestra el Informe Estado de la Justicia 2025, un documento exhaustivo que evalúa la gestión judicial entre 2021 y 2024. Este artículo destaca los avances, examina los desafíos persistentes y formula recomendaciones para consolidar una justicia independiente, moderna y accesible para todas las personas.

I. Un sistema con credibilidad que resuelve conflictos

El informe confirma una percepción ciudadana mayoritariamente positiva sobre el sistema de justicia. El 80% de las personas que interactuaron con el Poder Judicial lo calificaron como "bueno" o "muy bueno" y el 71% sintió que su problema fue resuelto de forma justa. Además, el índice de resolución judicial alcanzó el 93.7% de los casos ingresados, superando el estándar internacional del 90% recomendado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (European Commission for the Efficiency of Justice, por sus siglas en inglés).

La expansión del expediente judicial electrónico —ya presente en más del 70% de los procedimientos en materias clave—, la modernización de las plataformas de gestión y el desarrollo de Observatorios Regionales fortalecen una visión de justicia territorialmente sensible y tecnológicamente alineada con los tiempos.

II. Acceso a la justicia para las mujeres: avances y deudas

Una de las secciones más valiosas del informe es la que analiza la tutela efectiva de derechos en casos de violencia contra las mujeres. Este capítulo revela avances significativos en la normativa y en la especialización institucional, pero también identifica brechas graves en la atención y protección de las víctimas.
Algunos datos son preocupantes:

• Cerca del 20% de los casos penales están relacionados con violencia contra las mujeres.
• Apenas el 13% de las denuncias por violencia sexual llegan a juicio.
• Casi la mitad de estos juicios termina en una absolutoria.
• El 85% de los agresores tenía salario o bienes, pero solo el 8% de los expedientes incluyó acción civil resarcitoria.
• La duración de los procesos en delitos sexuales puede superar el año dependiendo del circuito judicial, exponiendo a las víctimas a la revictimización.

El informe recomienda fortalecer la Fiscalía Adjunta de Género, acelerar procesos, mejorar el acompañamiento a las víctimas, invertir en pericias especializadas, crear presupuestos con enfoque de género y desarrollar sistemas interinstitucionales de atención más ágiles y accesibles. Se trata de una deuda social que el país debe atender con urgencia y compromiso político.

III. ¿Está el Poder Judicial preparado para el futuro?

El informe también hace una lectura prospectiva de los desafíos que se avecinan. En este sentido, el Poder Judicial de Costa Rica ha mostrado señales positivas, pero aún requiere reforzar sus capacidades para enfrentar escenarios cada vez más complejos:

• Crimen organizado: El país vive un aumento sostenido de homicidios y delitos complejos ligados a estructuras criminales. Solo en 2023, se registraron más de 900 homicidios, una cifra récord. La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada es un avance, pero necesita fortalecerse con recursos, personal entrenado y mejor coordinación interinstitucional.
• Inteligencia artificial y transformación digital: Aunque el expediente electrónico ha avanzado, aún faltan herramientas predictivas, automatización de trámites y procesos basados en inteligencia artificial que apoyen decisiones administrativas o clasificación de casos.
• Aumento de la demanda judicial: La Asamblea Legislativa continúa asignando nuevas competencias sin fondos adicionales. La entrada de casos en penal juvenil, violencia doméstica, salud y servicios públicos ha crecido significativamente. Si no se actúa, la carga puede comprometer la eficiencia y calidad del servicio.
• Recursos humanos: Se evidencia una alta rotación en el personal judicial y dificultades para contratar personal idóneo. Esto es crítico en un sistema que depende tanto de la integridad, experiencia y formación continua de sus operadores.
• Presupuesto judicial: A pesar de representar un 6% del presupuesto nacional (~$800 millones), Costa Rica gasta alrededor de $4 000 por cada expediente judicial, una cifra alta comparada con países como Chile ($625), México ($667) o España ($1 344). Este dato puede interpretarse como reflejo de una justicia garantista, pero también señala la necesidad de evaluar la eficiencia de gasto.

Conclusión

El Informe Estado de la Justicia 2025 muestra que Costa Rica cuenta con un Poder Judicial vigoroso, en constante evolución y con avances significativos en acceso, digitalización y respuesta institucional. La justicia no está estancada: se adapta, aprende y responde.
Pero el informe también es claro en advertir que el futuro traerá exigencias mayores. Solo con inversión estratégica, modernización y compromiso ético se podrá garantizar que el Poder Judicial siga siendo un pilar de la democracia costarricense.
El reto está planteado. La oportunidad, también.

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