El Desafío de la Inversión Portuaria en Guatemala: La Necesidad de Certeza Jurídica  

Rodolfo Salazar, BLP,  September 20, 2023

La infraestructura portuaria de un país es, sin duda, uno de los pilares que sostiene y potencia su economía. En este contexto, Guatemala, con su posición geográfica estratégica, tiene un potencial inmenso para consolidarse como un importante centro de comercio internacional.

Sin embargo, en los últimos años, nos hemos enfrentado a una realidad que contrasta con esta visión: un estancamiento evidente en la inversión del sector portuario. Esta situación no solo implica la pérdida de oportunidades comerciales, sino también retrasos y costos adicionales en las operaciones de exportación e importación, afectando directamente la dinámica económica y competitiva del país.

Reconociendo la vital importancia que tiene este tema para la prosperidad de Guatemala, es indispensable analizar y entender las razones detrás de esta falta de inversión y las implicaciones administrativas y legales que conlleva.

Historia Reciente: Falta de Inversión y Certeza Jurídica

Las decisiones de inversión en cualquier sector, y en especial en el sector portuario, requieren de condiciones adecuadas que permitan prever el retorno de la inversión y los posibles riesgos asociados. En este sentido, Guatemala ha enfrentado desafíos significativos que han entorpecido la atracción de inversionistas en su sector portuario. Una de las principales barreras ha sido la falta de certeza jurídica en los contratos suscritos con las empresas interesadas en desarrollar o modernizar infraestructura portuaria.

Esta situación no es un fenómeno reciente. A lo largo de los años, diversos actores han señalado inconsistencias, vacíos o ambigüedades en el marco normativo y en los contratos estipulados, lo que genera desconfianza y previene el compromiso de recursos para proyectos a largo plazo. Esta incertidumbre se traduce en dudas sobre la protección de los derechos de los inversionistas, la posibilidad de cambios inesperados en las reglas del juego y, en última instancia, el temor a sufrir pérdidas económicas considerables.

En un mundo globalizado, donde los inversionistas tienen la opción de dirigir sus recursos hacia países con ambientes más propicios y estables, es esencial que Guatemala ofrezca un entorno de confianza y transparencia. La certeza jurídica no solo favorece a las empresas y sus inversiones, sino que se traduce en beneficios para el país, generando empleo, fortaleciendo la cadena logística y potenciando la competitividad en el ámbito internacional.

En este panorama, es imperativo abordar la revisión y fortalecimiento del marco legal y contractual que rige el sector portuario, haciendo énfasis en su adaptabilidad, claridad y solidez, con el objetivo de recuperar la confianza de los inversionistas y reactivar el impulso necesario para el desarrollo y modernización de nuestros puertos.

Mala Conceptualización de los Puertos

Para comprender a cabalidad el rumbo que ha tomado la gestión portuaria en Guatemala, es esencial analizar el caso de Puerto Quetzal, uno de los puntos clave en cuanto a infraestructura portuaria se refiere en el país. En sus inicios, Puerto Quetzal fue concebido no como un mero mecanismo para generar ganancias estatales, sino más bien como una herramienta para consolidar a Guatemala como un actor principal en el comercio internacional. La filosofía detrás de este puerto era ofrecer tarifas competitivas y operaciones eficientes, garantizando de este modo un tráfico fluido de mercancías y convirtiendo al país en un destino preferente para el comercio global.

A lo largo de los años, esta noble visión ha ido perdiendo claridad. En lugar de mantener un enfoque que promueva la facilitación del comercio y la eficiencia en las operaciones, el Estado ha tomado una dirección distinta, asumiendo un papel más protagónico en la gestión y operatividad de Puerto Quetzal. Esta intervención directa, aunque puede ser vista como un intento de optimizar los beneficios derivados de las operaciones portuarias, ha derivado en ciertas ocasiones en decisiones que no necesariamente concuerdan con el objetivo primordial de eficiencia y competitividad.

La transición del papel del Estado, de ser un mero facilitador a convertirse en un actor con intereses económicos directos en el puerto, ha despertado inquietudes. Este cambio no solo puede conducir a decisiones que no estén alineadas con el propósito original del puerto, sino que también puede generar conflictos de interés, opacidades en la gestión y, en última instancia, desincentivar la inversión y la confianza de actores privados y socios comerciales internacionales.

Es vital reevaluar y redirigir la gestión y visión de Puerto Quetzal, reafirmando su compromiso original de ser un motor de crecimiento y competitividad para Guatemala en el escenario global.

Monopolización de Servicios Portuarios

En años recientes, hemos sido testigos de una tendencia preocupante: la monopolización de los servicios portuarios. En lugar de favorecer un ambiente donde diversas empresas compiten entre sí, ofreciendo así servicios de calidad y tarifas competitivas, hemos observado cómo el escenario se inclina hacia una centralización de los servicios bajo el alero del Estado.

El impulso detrás de esta centralización es claro: al controlar una mayor parte del sector, se intenta garantizar un mayor flujo de ingresos hacia las arcas estatales. Pero este modelo, que presiona a los inversionistas privados a entrar en asociaciones con el gobierno, ya sea mediante contratos de asociación público-privada o mediante asociaciones indirectas, conlleva riesgos significativos. Uno de los más evidentes es la reducción de la eficiencia. En un ambiente competitivo, las empresas buscan constantemente optimizar sus operaciones, mejorar sus servicios y ofrecer tarifas atractivas, sin embargo en un entorno monopolizado, este estímulo desaparece.

Adicionalmente, el riesgo de que los costos se incrementen es latente. Con menos actores compitiendo en el mercado, se reduce el incentivo para mantener los precios a raya. Esto no solo afecta a los operadores portuarios, sino que, a largo plazo, tiene un impacto en la economía nacional, encareciendo las exportaciones e importaciones y repercutiendo en el consumidor final.

Por último, y no menos importante, está la cuestión de la seguridad. Las operaciones portuarias requieren de protocolos estrictos para garantizar la seguridad de las mercancías, los trabajadores y las instalaciones. En un ambiente monopolizado, donde las prioridades pueden desviarse hacia objetivos políticos o financieros y no necesariamente operativos, la integridad de estos protocolos puede verse comprometida.

Es esencial que Guatemala reconsidere la dirección que está tomando en relación con la monopolización de servicios portuarios. Para garantizar un futuro próspero y competitivo, es imperativo favorecer un ambiente que incentive la innovación, la eficiencia y la seguridad en el sector.

La Solución: Certeza Jurídica y Autonomía para Inversionistas

El sector portuario, vital para la prosperidad y competitividad de Guatemala en el escenario global, ha enfrentado desafíos que han restringido su crecimiento y desarrollo. Una solución palpable y efectiva para incentivar la inversión y reactivar este sector radica en proporcionar certeza jurídica y autonomía a los inversionistas.

¿Qué significa, en la práctica, otorgar certeza jurídica? Implica diseñar un marco legal que sea coherente y predecible, donde las reglas no solo sean claras, sino también constantes en el tiempo. Esta previsibilidad permitiría a los inversionistas tener confianza en el sistema, sabiendo que su inversión no será amenazada por decisiones políticas cambiantes o interpretaciones legales imprevistas. Cuando un inversionista tiene confianza en el entorno legal, está más dispuesto a comprometer capital y recursos en proyectos de largo plazo, beneficiando así al sector y al país en general.

Por otro lado, es imperativo reconocer el papel que el Estado debe y no debe jugar. Si bien el Estado tiene la responsabilidad de supervisar y regular para garantizar que las operaciones sean seguras, justas y en línea con el interés público, no debería tratar de ser un actor activo en la gestión y operación de los puertos. El mercado, con su dinámica de competencia, es naturalmente eficiente en impulsar la innovación, la optimización de procesos y la oferta de tarifas atractivas. Una intervención directa del Estado podría desestabilizar esta dinámica.

En esencia, si queremos que Guatemala se posicione como un referente en operaciones portuarias, es esencial dar un paso atrás y permitir que los actores privados, bajo un marco regulador justo y predecible, lleven la batuta. Esto no solo atraerá inversión, sino que también fomentará un ambiente de competitividad y excelencia en el sector.

Beneficios para Guatemala

Es un mito común pensar que, al ceder espacio a la inversión privada, el Estado pierde protagonismo o relevancia. En realidad, una estrategia que fomente un clima propicio para la inversión en el sector portuario puede ser, de hecho, una de las acciones más benéficas para el propio Estado.

Cuando se establece un ambiente de inversión claro y competitivo, los inversionistas sienten confianza y están dispuestos a invertir en infraestructura, tecnología y formación de personal, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios portuarios. Y aunque estos avances son impulsados por la inversión privada, generan un efecto multiplicador en la economía del país. El Estado, por su parte, no se queda como un mero observador de estos progresos.

A medida que el comercio crece gracias a puertos más eficientes, el flujo de mercancías aumenta. Cada producto que entra o sale del país está sujeto a aranceles e impuestos. Por lo tanto, un mayor volumen de comercio significa un incremento en la recaudación de estos tributos. Estos ingresos adicionales pueden ser reinvertidos por el Estado en otros sectores prioritarios, como educación, salud o seguridad, beneficiando a la población en su conjunto.

Además, al tener un sistema portuario eficiente y de calidad, Guatemala se posiciona en el mapa global como un destino atractivo para el comercio internacional. Esto no solo genera más ingresos directos a través del sector portuario, sino que también potencia sectores relacionados como el turismo, la logística y el transporte.

Por último, hay un beneficio intangible pero crucial: la imagen positiva de un país que fomenta la inversión y ofrece infraestructuras de calidad atrae a más inversionistas en otros sectores, diversificando y robusteciendo la economía nacional.

En resumen, permitir un ambiente propicio para la inversión no es renunciar al bienestar del Estado o de la sociedad; es, de hecho, una estrategia visionaria para potenciar el desarrollo y prosperidad del país en su totalidad.

Guatemala tiene ante sí el reto de revitalizar su sector portuario. Para ello, es esencial recuperar la visión original de puertos eficientes y competitivos, y ofrecer a los inversionistas el ambiente de certeza y confianza que necesitan. Solo así lograremos que nuestro país retome su posición como un actor relevante en el comercio internacional.

La falta de certeza jurídica en los contratos ha obstaculizado la inversión en el sector portuario. Inconsistencias y ambigüedades generan desconfianza e impiden la atracción de inversores.

Guatemala ha enfrentado desafíos significativos que han entorpecido la atracción de inversionistas en su sector portuario. Una de las principales barreras ha sido la falta de certeza jurídica en los contratos suscritos con las empresas interesadas en desarrollar o modernizar infraestructura portuaria.



Rodolfo Salazar
Partner, BLP Guatemala
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