La IBA expresa su grave preocupación por una posible erosión del Estado de Derecho en España

International Bar Association

Lunes 13 de noviembre de 2023 - La IBA apoya firmemente las declaraciones realizadas por varios colegios de abogados, el órgano de gobierno del poder judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, así como por numerosos despachos de abogados españoles de primera línea

Declaración de la Presidenta de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), Almudena Arpón de Mendívil Aldama:

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzó un acuerdo (el "Acuerdo") con el partido catalán Junts el 9 de noviembre. El Acuerdo incluye disposiciones que, de aplicarse, erosionarían gravemente el Estado de Derecho en España. Prevé, entre otras cosas, la creación de comisiones de investigación durante la próxima legislatura para investigar las actividades judiciales en el contexto del llamado "lawfare" en torno al referéndum catalán y la declaración unilateral de independencia, lo que podría dar lugar a acciones de responsabilidad del poder judicial o enmiendas legislativas.

La Asociación Internacional de Abogados subraya, una vez más, la importancia y la necesidad de protección de un Estado de Derecho consolidado, basado en la separación de poderes, donde el poder judicial, actuando de forma independiente y con sujeción exclusiva a la ley, desempeña el papel central de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico.

La reacción de la comunidad jurídica española ha sido unánime condenando cualquier posible ataque a la independencia del poder judicial, demostrando la fortaleza de las instituciones españolas y de su sector jurídico como guardianes del Estado de Derecho.

En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid se ha manifestado claramente:

La separación de poderes, base del Estado democrático y de sus mecanismos de pesos y contrapesos, impone el pleno respeto y sometimiento a los tribunales de justicia y a su función jurisdiccional.

El uso de la llamada "lawfare" (utilización de la justicia con fines políticos) referida a juzgados y tribunales no tiene cabida en un Estado democrático. Por lo tanto, la creación de comisiones parlamentarias de investigación dedicadas a la vigilancia de las actividades de los tribunales es inaceptable.

El sometimiento de los jueces a la ley y la independencia judicial son esenciales para el Estado de Derecho, y deben ser respetados y acatados, por todos los actores públicos y privados, lo que exige una llamada a la responsabilidad.

La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen todas las actividades, incluidas las de los partidos políticos; no sólo deben ser asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

Hasta 15 colegios de abogados han emitido declaraciones similares, número que sigue aumentando, así como destacadas instituciones jurídicas españolas. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su rechazo "frontal" al Acuerdo porque supone "una intromisión inadmisible en la independencia judicial y un ataque flagrante a la separación de poderes". El comunicado del CGPJ, ha sido remitido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, así como al presidente de la Red Europea de Consejos de la Justicia.

Además, las cuatro asociaciones de jueces españolas han mostrado, en un comunicado conjunto, su rechazo al contenido del Acuerdo al considerar que podría facilitar "injerencias en la independencia judicial" y precipitar potencialmente la "ruptura de la separación de poderes" en España.

En la misma línea, las tres asociaciones de fiscales también han emitido comunicados para mostrar su oposición al Acuerdo, al considerar que la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre los procedimientos judiciales supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio’ al Estado de Derecho.

Por último, en un hecho sin precedentes, numerosos despachos de abogados líderes en España también han emitido expresiones públicas de apoyo al Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial, cuestionados por algunas de las disposiciones del Acuerdo.

La IBA, como voz global de la profesión jurídica, respalda sin ambigüedades todas las declaraciones anteriores dirigidas a proteger el Estado de Derecho en España, un país con una democracia fuerte arraigada en el Estado de Derecho y en la división de poderes.

ibanet.org