Más estudios españoles e internacionales se suman al rechazo del acuerdo PSOE-Junts que habla de "lawfare"

Marina Vanni

El pacto alcanzado en España entre el socialismo y el separatismo de Cataluña sigue despertando repudio en el ámbito legal. Ahora, nuevos bufetes y entidades se han sumado a las críticas por el texto que habla de una instrumentación de la justicia con fines políticos o lawfare, en particular vinculado a la cuestión del referendo catalán.

Una de las firmas que expresó su rechazo en las últimas horas fue Cuatrecasas. El estudio afirma que "respalda la división de poderes como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna". El bufete indicó en sus redes sociales que "la independencia del Poder Judicial es uno de los ejes vertebradores de la democracia" y que "rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla".

RocaJunyent alzó la voz sobre el caso y remarcó "su reconocimiento a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico".

Por su parte, Gómez-Acebo & Pombo sentenció: "Queremos manifestar igualmente nuestro máximo reconocimiento a la labor desempeñada por Jueces y Tribunales y la necesidad de asegurar siempre su total independencia sin injerencias de ningún tipo del resto de poderes del Estado cuya separación es clave en cualquier Estado democrático".

Otros estudios de presencia internacional dieron a conocer su preocupación por el acuerdo que busca volver a investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español y que sugiere que podrían formarse comisiones parlamentarias para investigar presuntas irregularidades en el poder judicial.

"Linklaters España, desde la neutralidad respecto de las distintas posiciones políticas, quiere manifestar su firme compromiso con los principios básicos del Estado de Derecho y su adhesión a la declaración institucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid", indicó la firma.

La rama española de Simmons & Simmons también adhirió al comunicado del ICAM de Madrid y agregó en su mensaje: "Declaramos así nuestra disconformidad con toda injerencia en la actividad de los Jueces y Magistrados, solo sometidos al imperio de la ley".

Allen & Overy se hizo eco de las palabras del ICAM e indicó que "la separación de poderes, el respeto al orden constitucional y la independencia del Poder Judicial son elementos esenciales del Estado democrático de Derecho, base de nuestra convivencia".

Eversheds Sutherland Spain se sumó a la lista: "Cualquier interferencia de otros poderes del Estado en el normal funcionamiento de nuestros órganos jurisdiccionales o el cuestionamiento de su actuación fuera del marco establecido en las leyes procesales ha de ser abiertamente rechazado desde nuestra profesión", expresó el estudio.

Autora: Marina Vanni