Rechazo al acuerdo PSOE-Junts en España: bufetes y organizaciones del Derecho critican el uso del término "lawfare" y piden que se respeten los poderes democráticos

Marina Vanni

El pacto entre el Partido Socialista y Junts Per Catalunya para la eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español generó un fuerte descontento en el sector legal.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lideró las voces de rechazo al acuerdo que sugiere que hay una judicialización de la política en el país, en particular a propósito del referendo catalán de 2017 y sus ramificaciones, y que podrían establecerse comisiones parlamentarias para investigar presuntas irregularidades en el Poder Judicial.

La entidad expresó en su web oficial que "la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional", añadiendo que "el uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático".

Le siguió a este pronunciamiento el del Colegio de Abogados de Granada (ICAG), que remarcó "su profunda preocupación por el contenido del citado documento y su posible aplicación legal, por cuanto supone un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos".

En la capital española, el Colegio de Procuradores afirmó que el acuerdo entre el socialismo y el separatismo catalán "recoge elementos de acentuada gravedad para la seguridad jurídica y el principio de legalidad" y el uso de la palabra lawfare "sólo puede suponer una forma de control".

Pérez-Llorca fue uno de los primeros bufetes en pronunciarse contra el texto y adherir a las palabras del ICAM, subrayando en LinkedIn que "los jueces y magistrados españoles ejercen su función con arreglo a la ley, con independencia y profesionalidad".

En la misma línea, el despacho Garrigues defendió "la separación de poderes como una pieza básica del Estado de Derecho" y remarcó la "disconformidad con toda injerencia, desde cualquier posición política o ideológica, en la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están únicamente sometidos al imperio de la ley".

Uría Menéndez compartió un breve comunicado destacando "la importante labor que, con independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley, vienen desarrollando nuestros jueces y tribunales" y adhiriendo al texto del ICAM.

Ontier, por su parte, destacó "su rechazo a los ataques contra los pilares de nuestro Estado de Derecho incluidos en los acuerdos de investidura, como la concesión de amnistía a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017 o la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional, que supone un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes. Nos adherimos así a la Declaración institucional de la Junta de Gobierno del ICAM".

Broseta remarcó "su disconformidad ante cualquier intervención en la actividad de los jueces y magistrados" y agregó que "muchas personas pusieron en riesgo su libertad y sus vidas" para consolidar una España democrática.

A su vez, la Asociación Profesional de la Magistratura alertó que una eventual conformación de comisiones investigadoras podría "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Un dato relevante es que el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) evitó tomar partido sobre la situación y dijo en un comunicado oficial el pasado viernes que "no se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política".

Hasta este lunes 13 de noviembre, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), liderado por Victoria Ortega, no ha compartido su postura sobre el tema.

Autora: Marina Vanni