Su práctica se centra en la solución de controversias civiles vinculadas a la infracción de derechos intelectuales, industriales y a la competencia desleal, ante tribunales ordinarios y especiales de justicia, incluyendo el desarrollo de estrategias prejudiciales, judiciales y de negociación, y en la elaboración de informes de evaluación de la viabilidad infraccional de activos de propiedad industrial e intelectual.