Su práctica se centra en derecho administrativo, constitucional y regulatorio, asesorando a diversos clientes nacionales e internacionales, como también a organismos y empresas públicas, en todo tipo de materias relacionadas directa o indirectamente con el sector público en Chile.
 

Esto incluye procesos de otorgamiento de concesiones, contratación pública, negociación, desarrollo de asociaciones público-privadas y asesoría a instituciones educativas en niveles pre escolar, escolar y superior.
 

Su práctica también engloba litigación ante órganos de la administración del Estado, los tribunales de justicia ordinarios y especiales, el Tribunal de Compras Públicas y el Tribunal Constitucional, defensa jurídica en contra de sanciones impuestas por entidades públicas, representación de trabajadores extranjeros en litigios migratorios, asesoría respecto de regulaciones sectoriales en diversos mercados, respecto de políticas públicas y materias legislativas, como también cuestiones relativas a la Ley de Transparencia.