Su práctica se centra en derecho ambiental, incluyendo asesorías en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, auditorías, gestión de residuos y emisiones, permisos sectoriales, y especialmente litigios medioambientales, así como procedimientos administrativos vinculados a proyectos de energía, minería, acuicultura, forestales, sanitarios e inmobiliarios, entre otras materias.