In-House Insights: Cumplimiento de ESG en países en desarrollo - desafíos y oportunidades para las empresas

A medida que el mundo se vuelve más consciente del impacto de las acciones corporativas en el medio ambiente y la sociedad, los inversores y los reguladores están ejerciendo una presión creciente sobre las empresas para que cumplan con las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Las prácticas ESG, que incluyen medidas como la reducción de emisiones de carbono, la promoción de la diversidad e inclusión y el aseguramiento de prácticas comerciales éticas, tradicionalmente se han visto como algo "deseable" para las empresas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio significativo en el mundo empresarial, ya que las prácticas ESG se están convirtiendo en un "deber" para las empresas a fin de asegurar inversiones y evitar sanciones. Este artículo explorará cómo las tendencias regulatorias específicas, como la Ley de Cadena de Suministro Alemana (Lieferkettengesetz) que entró en vigor a partir de este 2023, están exigiendo el cumplimiento de ESG y examinará los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en países en desarrollo al implementar estas prácticas. También analizaremos cómo el mundo empresarial se está adaptando a estos nuevos requisitos y los posibles beneficios a largo plazo tanto para las empresas como para la sociedad en general.

ESG como concepto tiene sus raíces en el movimiento de inversión socialmente responsable (SRI) de los años 60 y 70. El SRI pretendía alinear los retornos financieros con los valores sociales y ambientales; mientras que el movimiento inicial de SRI se enfocaba principalmente en eliminar acciones "pecado", como los fabricantes de tabaco y armas, e invertir en empresas con un impacto social y ambiental positivo, el concepto se amplió para incluir una amplia gama de cuestiones ambientales y sociales, como los estándares laborales, los derechos humanos y la diversidad e inclusión. ESG surgió a partir de este concepto y recientemente ha ganado aún más atención a medida que los inversores y los reguladores han comenzado a reconocer los riesgos y oportunidades financieros asociados con estos aspectos no financieros.

En este sentido, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, adoptado en 2015, generó conciencia sobre la necesidad de abordar los riesgos climáticos y oportunidades de mejora. Además, la creciente conciencia sobre el impacto de las acciones corporativas en la sociedad y el medio ambiente ha aumentado la presión sobre las empresas para que sean más transparentes y responsables. Esta conciencia está transformando el paradigma de la inversión y los flujos financieros, donde se ponderan los aspectos financieros de la mano con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Inicialmente, las prácticas ESG se consideraban un "tema de moda" que las empresas abordaban electivamente para seguir la tendencia; sin embargo, hoy en día, las prácticas ESG se consideran un aspecto clave de la gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo. Muchos inversores ahora incluyen consideraciones ESG en su proceso de toma de decisiones de inversión, y las empresas están siendo cada vez más responsables de su desempeño en estas áreas.

Al considerar la reciente relevancia adquirida por ESG, las empresas están enfocando sus estrategias en implementar políticas ESG para obtener las recompensas financieras y de reputación ofrecidas por inversores y consumidores conscientes de aspectos de sostenibilidad. Sin embargo, esto ha derivado en empresas que pretenden seguir principios ESG con el único propósito de aumentar su rentabilidad, pero en la realidad, están tomando atajos para engañar a inversores y consumidores sin implementar verdaderamente una estrategia ESG, la cual requiere planificación y una profunda transformación corporativa. Esta ilusión inducida se ha llamado "greenwashing" o "color washing", y es una de las principales razones que ha motivado los esfuerzos regulatorios de los gobiernos para evaluar la conformidad con ESG en las empresas de manera precisa y transparente.

El desarrollo de regulaciones relacionadas con ESG en la última década ha sido abundante, principalmente enfocado en la Unión Europea. La Directiva de Informe No Financiero de la Unión Europea (NFRD) (Directiva (UE) 2014/95) que será reemplazada por la Directiva de Presentación de Información sobre Sostenibilidad por parte de las Empresas (CSRD) (Directiva (UE) 2022/2464) se convirtió en un hito en el ámbito regulatorio, ya que obliga a ciertas grandes corporaciones a revelar información relacionada con cuestiones ambientales, sociales y de empleados, derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno. Esto aumentó la responsabilidad corporativa y la presión sobre las empresas para mejorar su desempeño en estas áreas y abordar cualquier riesgo potencial o impacto negativo. De manera similar, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Reglamento (UE) 2019/2088) introduce reglas para que los participantes del mercado financiero y los asesores financieros informen sobre cómo contabilizan los riesgos de sostenibilidad, específicamente relevantes para la evaluación de productos relacionados con ESG ofrecidos por dichos participantes del mercado financiero. El Reglamento de Taxonomía de la UE (Reglamento (UE) 2020/852) introdujo un marco de clasificación crucial para determinar si una actividad económica es verdaderamente sostenible y, por lo tanto, está destinado a ser observado por regulaciones existentes y futuras.

Estas regulaciones son indudablemente significativas para el desarrollo de los principios ESG y para evaluar su penetración en el mundo corporativo en Europa. Sin embargo, ¿cómo pueden los países del mundo desarrollado transponer estas normas al mundo en vías de desarrollo? Este aspecto es especialmente relevante en una economía globalizada con cadenas de suministro que trascienden las fronteras. En las últimas décadas, conocidas corporaciones globales han sufrido graves daños reputacionales debido a desastres ambientales y humanitarios a lo largo de su cadena de suministro (por ejemplo, el colapso de la fábrica de Rana Plaza).
En este sentido, países como Francia, con su Ley de Vigilancia("Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre") (2017), y los Países Bajos, con su Ley de Diligencia Debida en Materia de Trabajo Infantil ("Wet Zorgplicht Kinderarbeid") (2019), han implementado esfuerzos regulatorios a nivel local para aplicar medidas preventivas en toda su cadena de suministro. No obstante, la Ley de Cadena de Suministro Alemana, que entró en vigor a principios de este año, fue aún más allá al amenazar a las empresas con una multa de hasta el 2% de su facturación mundial si no identifican, evalúan, previenen y remedian los impactos ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Esta regulación nacional tendrá sin duda un impacto a nivel global, ya que las empresas a lo largo de la cadena de suministro de las corporaciones alemanas tendrán que mejorar y cumplir con los principios relacionados con ESG en sus procesos como condición para mantenerse vigentes y competitivos en el mercado.

En la misma línea, una Directiva de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de la Unión Europea está en camino, lo que proliferaría el cumplimiento de la cadena de suministro al transponer estas limitaciones en las leyes nacionales de todos los Estados miembros de la UE. De manera similar, pero en el continente americano, Canadá está a punto de promulgar la Ley de Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil en las Cadenas de Suministro ("Bill S-211"), que tiene como objetivo enmendar los aranceles aduaneros de Canadá para prohibir la importación de bienes extraídos, fabricados o producidos en su totalidad o en parte por trabajo forzoso o infantil.

Como se evidencia, las regulaciones para aplicar los principios ESG no deben considerarse una tendencia temporal, sino que están aquí para quedarse. Esto plantea un desafío para los países y empresas a lo largo de la cadena de suministro, ya que la competitividad dejará de centrarse únicamente en el costo o calidad y valorará el cumplimiento integral de cuestiones ambientales y sociales, como las normas laborales, los derechos humanos y la diversidad e inclusión. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas pueden reconocer esto como una oportunidad para mejorar su legislación o procesos internos con el fin de destacar entre sus competidores en estas nuevas condiciones de mercado.

A nivel empresarial, las empresas deben establecer una estrategia que requiera un compromiso a largo plazo y un enfoque integrado en toda la organización. Una estrategia de ESG implica (i) evaluar el desempeño actual de la empresa para comprender adecuadamente la profundidad del plan de acción, (ii) establecer objetivos claros, (iii) desarrollar hitos o metas claras, (iv) implementar y monitorear el progreso con el uso de KPIs, (v) comunicar e informar información a las partes interesadas relevantes, y (vi) reconocer a ESG como un viaje, no un destino en sí mismo, ya que el concepto (así como los mandatos regulatorios) están en constante evolución.

Los gobiernos pueden desempeñar un papel significativo en la promoción y facilitación de la implementación de estrategias ESG a través de políticas e iniciativas regulatorias. Los países con marcos legales sólidos y una fuerte aplicación de estándares ESG ya se encuentran en una gran posición para trabajar con empresas locales y aprovechar estas oportunidades de mercado e incentivar el desarrollo de iniciativas ESG a nivel local.

En conclusión, ESG ha evolucionado de ser una práctica "de moda" y "agradable de tener" a un "deber", cada vez más exigible por los reguladores. Las nuevas normas en el mundo desarrollado tienen la intención de tener un alcance global y, por lo tanto, los países y las empresas en el mundo en vías de desarrollo se verán obligados a cambiar su estrategia de competitividad de operaciones de bajo costo a prácticas que cumplan con los principios de ESG. La implementación de los estándares ESG requiere un compromiso a largo plazo y un enfoque integral de las empresas, donde el monitoreo continuo es esencial. Los gobiernos pueden participar como partes interesadas clave al otorgar incentivos y proporcionar un marco legal sólido que permita a las empresas aprovechar esta oportunidad otorgada por las nuevas condiciones del mercado.