De Colombia al Río Támesis: Extradición y claves forenses en el caso del envenenamiento con talio

Diaz Reus | Un análisis técnico-investigativo sobre responsabilidad penal, salud mental y cooperación judicial internacional

El caso del envenenamiento de menores en Colombia mediante la ingestión de frambuesas contaminadas con Talio ha trascendido rápidamente el ámbito penal interno para convertirse en un asunto de interés internacional. La gravedad de los hechos, la naturaleza del agente tóxico utilizado y la posterior salida del país de la principal sospechosa han obligado a una lectura jurídica y forense mucho más amplia, que articula derecho penal, psiquiatría forense y cooperación judicial internacional.

En diciembre de 2025, el caso del envenenamiento con talio culminó con la localización de la principal sospechosa, Zulma Guzmán Castro, quien fue rescatada del río Támesis en Londres tras meses de fuga. El crimen ocurrió en abril de 2025 en Bogotá, donde dos menores murieron tras ingerir fresas (frambuesas) contaminadas con este metal tóxico, presuntamente enviadas por Guzmán como una retaliación personal contra el padre de una de las víctimas; actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia británica a la espera de un proceso de extradición solicitado por la Fiscalía General de la Nación para responder por cargos de homicidio agravado.

1. El hecho criminal: envenenamiento intencional con Talio
Desde el punto de vista forense, el Talio es considerado uno de los metales pesados más peligrosos, debido a su alta toxicidad, su difícil detección inicial y su capacidad de generar daños sistémicos severos. La investigación colombiana determinó que su incorporación a alimentos destinados al consumo de menores no fue accidental, sino resultado de una conducta dolosa claramente orientada a causar daño.

Este elemento resulta determinante para estructurar la imputación por homicidio agravado y tentativa de homicidio, al concurrir factores como la especial indefensión de las víctimas, el uso de sustancias venenosas y la pluralidad de afectados.

2. La dimensión internacional del caso
Ante el riesgo de fuga, las autoridades colombianas activaron mecanismos de cooperación judicial internacional, solicitando la emisión de una notificación roja de Interpol. Este instrumento no implica una condena anticipada, pero sí permite la localización y detención provisional de la persona requerida, con fines de extradición.

La salida del país y la posterior ubicación en el Reino Unido trasladaron el debate jurídico a un escenario de derecho penal internacional, donde confluyen principios de soberanía, protección de derechos humanos y obligaciones de cooperación entre Estados.

3. El episodio del río Támesis y su impacto procesal
El rescate de la sospechosa del río Támesis, en Londres, introdujo un elemento procesal crítico: la presunta afectación grave de su salud mental. Conforme a los protocolos británicos, los servicios de emergencia priorizaron la atención médica y la evaluación psiquiátrica, postergando cualquier actuación judicial inmediata.

Desde una perspectiva investigativa, este tipo de episodios obliga a diferenciar entre una crisis clínica auténtica y una conducta potencialmente instrumentalizada con fines procesales, especialmente en contextos de extradición por delitos de extrema gravedad.

4. Salud mental, capacidad procesal y extradición en el Reino Unido
El sistema británico, a través del National Health Service (NHS), cuenta con protocolos robustos de evaluación psiquiátrica independiente. Estas valoraciones buscan establecer el estado clínico real de la persona, el riesgo suicida y, especialmente, su capacidad para comprender y participar en un proceso judicial (fitness to plead).

La eventual incapacidad procesal no extingue la acción penal, sino que puede generar aplazamientos temporales hasta que se alcance un nivel mínimo de estabilidad. En materia de extradición, los tribunales solo suspenden el trámite si se demuestra un riesgo real e inmediato para la vida o la existencia de un trato inhumano o degradante, estándares que son evaluados con especial rigor en casos de homicidio de menores.

5. Implicaciones forenses y estratégicas
Desde la óptica de la investigación criminal y la estrategia jurídica, la alegación de afectación psiquiátrica puede derivar en dos escenarios claramente diferenciados. Si se trata de una simulación o exageración, la consecuencia suele ser una pérdida de credibilidad ante los tribunales y un fortalecimiento de la posición del Estado requirente. Si, por el contrario, la afectación es clínicamente real, el proceso se suspende de manera temporal, se ordena la estabilización médica y, posteriormente, se retoma el trámite judicial.

En ninguno de los dos escenarios la afectación mental constituye un mecanismo de impunidad. La responsabilidad penal se mantiene sujeta a la verificación técnica, objetiva e independiente de la evidencia médica y forense.

Reseña sobre el autor:

Carlos F. Salazar es investigador criminal y auditor forense. Inició su carrera profesional como investigador de homicidios y posteriormente integró grupos especializados en delitos contra la corrupción en la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

En el ejercicio privado dirige CFS Investigaciones Estratégicas, firma con presencia en Colombia, Panamá y Estados Unidos, especializada en investigación de fraude corporativo, corrupción, delitos económicos, homicidios complejos y recuperación de activos. Hace parte de la red global DRT Alliance, liderada desde la Florida por Diaz Reus International Law Firm.

Su trabajo se centra en el diseño de estrategias investigativas y técnicas orientadas a controvertir y refutar hipótesis acusatorias, mediante el análisis riguroso de evidencia física y digital, la identificación de fallas metodológicas y la búsqueda objetiva de la verdad en procesos penales de alta complejidad.