Entrevista | Roberto Silva: "Hoy la Argentina está enviando una señal clara de apertura e integración al mundo"

En una conversación exclusiva con Latin Counsel, dialogamos con Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina (CNV), sobre el proceso de simplificación, desregulación y modernización normativa actualmente en curso en el mercado de capitales argentino.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector privado, incluso como socio en Marval O’Farrell Mairal, Roberto analiza cómo su experiencia asesorando en estructuras de financiamiento complejas, mercado de capitales y regulación financiera ha dado forma a una agenda pública enfocada en reducir fricciones regulatorias, modernizar la operatoria del mercado, fortalecer la confianza inversora y ampliar el acceso al financiamiento para la economía real.

En esta entrevista, el titular de la CNV aborda la reciente aprobación de la Resolución General N° 1152, la eliminación del Criterio Interpretativo N° 99, el equilibrio entre flexibilización regulatoria y control de riesgos, la modernización tecnológica del mercado —incluyendo activos digitales y tokenización—, el rol del mercado de capitales en relación con el denominado "RIGI", y las perspectivas de actividad para los próximos años.

Latin Counsel: Después de más de cuatro décadas en la práctica privada, ¿cómo equilibra el rigor analítico propio de un abogado corporativo de primer nivel con la celeridad que exige la gestión pública?

Roberto Silva: Empecé a trabajar en un estudio jurídico privado en 1984. Pero tanto en mi pasado en la práctica privada como en mi rol actual en el sector público, siempre he intentado trabajar con compromiso y celeridad. Aunque no parezca, en este punto no hay diferencia entre el sector público y el privado. En ambos se requiere agilidad y eficacia. Es cierto que en la gestión pública no podemos esperar, pero los clientes tampoco esperaban. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por enfocarnos tanto en lo urgente como en lo importante.

Asumí el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina con la convicción de que teníamos que cambiar las cosas, modernizar, innovar y flexibilizar el mercado de capitales argentino para promover su desarrollo, protegiendo al mismo tiempo a los inversores. Creo que lo estamos logrando con mucho trabajo y ocupándonos de las cosas que hay que hacer. Quiero que mi paso por la función pública deje una marca positiva. Esa es la razón por la que estoy acá, haciendo lo que estoy haciendo.

Latin Counsel: A partir de su experiencia previa en el sector privado, ¿cuáles eran los principales obstáculos regulatorios o administrativos que enfrentaban los emisores, intermediarios e inversores, y cómo se están traduciendo esas experiencias en reformas concretas en la CNV?

Roberto Silva: El mercado de capitales argentino ha sufrido en el pasado la inestabilidad de nuestra moneda nacional y la ausencia de inversores institucionales de largo plazo, y en los últimos años también ha operado bajo cierto grado de exceso reglamentario y burocrático, falta de modernización y demoras innecesarias, limitando su potencial como verdadero catalizador del desarrollo nacional.

Por ese motivo, nos propusimos impulsar una transformación alineada con el momento que estamos atravesando y con el reordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno argentino. Necesitábamos un cambio de mentalidad, facilitarles los trámites a los emisores, y una desregulación razonable que favorezca el desarrollo del mercado, manteniéndose balanceada con la protección del inversor. El correlato de una mayor libertad es que trae aparejada una responsabilidad más eficaz por parte de quienes la ejercen.

Esto se refleja no sólo en las más de 160 regulaciones que hemos dictado, equivalentes a casi el 15% de todas las Resoluciones Generales dictadas desde la creación del organismo en 1968, sino, mucho más importante, en su contenido. Una simple operación aritmética muestra que cuando asumimos, la CNV había dictado 889 Resoluciones Generales en 58 años de existencia, lo que supone un promedio de 16 Resoluciones Generales por año (número incrementado en los últimos años por las Resoluciones Generales que implementaron los controles cambiarios). En 2024 dictamos 55 Resoluciones Generales, en 2025 dictamos 58, y en lo que va de 2026, al 29/6/26, hemos dictado 51. A eso deben sumarse 12 Criterios Interpretativos. Los números hablan por sí solos.

Entre esas Resoluciones Generales, en términos generales, podemos mencionar la flexibilización de las restricciones cambiarias en el mercado de capitales; la regulación de las ofertas privadas mediante la incorporación de un safe harbor; la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), ampliando el perímetro regulatorio de la CNV; la aprobación de un régimen de tokenización; el reordenamiento normativo del organismo; la creación del régimen de oferta pública con autorización automática para emisiones de bajo y mediano impacto y para emisores frecuentes; la simplificación de procedimientos para PyMEs; y la incorporación de nuevos CEDEARs vinculados a activos virtuales, commodities e índices. También podemos mencionar el paquete regulatorio conocido como "Big Bang", que reemplaza gran parte de los procesos de revisión previa por esquemas de autorización automática, reduciendo burocracia, acelerando el time-to-market, colocando el timing de la decisión en manos de los CFOs, y alineando la regulación local con estándares internacionales basados en responsabilidad, transparencia y supervisión, entre muchas otras medidas.

Latin Counsel: ¿Qué prácticas de gestión, eficiencia y cultura corporativa del sector privado ha logrado incorporar con éxito en los procesos internos de la CNV?

Roberto Silva: El sector público tiene una lógica distinta de la del sector privado, y eso exige abordar los desafíos desde distintos frentes. Desde que asumí, junto con el directorio que me acompaña, me propuse trabajar en dos planos: primero, el plano normativo y regulatorio; y segundo, los procesos internos de la CNV.

En el frente regulatorio, impulsamos una modernización muy profunda para acompañar el proceso de estabilización y reordenamiento económico. La idea fue simple: contar con reglas más claras, menos burocracia y un marco más eficiente que facilite el acceso al financiamiento y promueva el desarrollo de nuevos instrumentos y vehículos de inversión. Al mismo tiempo, trabajamos para agilizar los procesos internos y hacer que la CNV sea más dinámica, eficiente y cercana a las necesidades del mercado.

Latin Counsel: ¿Qué cambio de mentalidad considera más importante dentro del organismo y entre los participantes del mercado para acompañar una agenda de simplificación normativa sin perder estándares técnicos ni prudenciales?

Roberto Silva: Creo que el cambio de mentalidad más importante es entender que simplificar y desregular no significa necesariamente bajar estándares. Durante mucho tiempo se asoció una buena regulación con una mayor cantidad de normas, trámites o controles previos. Nuestra visión es distinta: una regulación moderna debe proteger a los inversores y preservar la integridad del mercado, pero debe hacerlo de la manera más eficaz posible.

Ese cambio de paradigma involucra tanto al sector público como al privado. Requiere adaptarse a esquemas con menos burocracia y mayor responsabilidad, donde el foco esté puesto en la transparencia, la información al mercado y la supervisión basada en riesgos. Como toda reforma, es un proceso de aprendizaje y adaptación, pero estamos convencidos de que éste es el camino hacia un mercado de capitales más dinámico y competitivo, alineado con las mejores prácticas internacionales.

Latin Counsel: Desde la perspectiva de quienes asesoran a inversores internacionales, ¿qué mensaje daría hoy respecto de la evolución de la seguridad jurídica, la previsibilidad regulatoria y el reposicionamiento financiero de la Argentina?

Roberto Silva: Hoy la Argentina está enviando una señal clara de apertura e integración al mundo. Uno de los objetivos centrales del Gobierno es la reinserción internacional, y desde la CNV estamos trabajando para acompañar ese proceso con reglas más simples, menos burocracia y un marco regulatorio cada vez más previsible.

En el plano internacional, además, hemos integrado nuevamente a la Argentina en la agenda internacional, tanto desde el punto de vista normativo como a través de la participación en organismos internacionales como IOSCO (International Organization of Securities Commissions), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), IIMV (Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores), GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entre otros, recuperando espacios estratégicos que nuestro país había ocupado en el pasado y que habíamos perdido. En este momento, continuamos trabajando conjuntamente con otros organismos del Estado para avanzar en el proceso de adhesión de la Argentina a la OCDE.

Este año, además, fui reelegido como Representante del Comité Regional Interamericano (IARC) ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para el período 2026-2028, tras una votación de los estados miembro, y eso es un motivo de enorme orgullo para mí.

La inversión, especialmente la inversión de largo plazo, necesita previsibilidad. Por eso buscamos que las normas sean claras y estables, y que faciliten el ingreso de nuevos inversores y el desarrollo de nuevos negocios. El desafío es seguir consolidando esa confianza, pero estamos convencidos de que estamos avanzando en la dirección correcta para reposicionar a la Argentina como un destino atractivo para la inversión y el financiamiento.

Latin Counsel: La CNV viene avanzando en una agenda de desregulación, simplificación y flexibilización normativa. ¿Cuál es el diagnóstico central detrás de este proceso, y qué fricciones regulatorias considera prioritario remover?

Roberto Silva: El diagnóstico central fue que existía una cantidad excesiva de regulaciones, requisitos y controles que, entre otras cosas, terminaban generando costos y demoras que muchas veces no guardaban una proporción adecuada con los riesgos que buscaban mitigar. En otras palabras, el principio de proporcionalidad se había desbalanceado.

Por ese motivo, impulsamos una agenda orientada a simplificar procesos, eliminar burocracia innecesaria y reducir los tiempos de acceso al mercado. Nuestro objetivo es que la decisión sobre cuándo emitir o acceder al mercado esté cada vez más en manos de las compañías y sus CFOs, y no condicionada por trámites regulatorios que agregan poco valor.

En esa línea, avanzamos con el régimen de oferta pública con autorización automática, la simplificación de programas de emisión y el paquete regulatorio conocido como "Big Bang", que transformó muchos procedimientos de revisión previa en esquemas más ágiles y eficientes. La prioridad es remover obstáculos que dificultan el financiamiento y la innovación, manteniendo al mismo tiempo estándares adecuados de transparencia, información al inversor y supervisión.

Latin Counsel: La aprobación de la Resolución General N° 1152 y la eliminación del Criterio Interpretativo N° 99 marcan un cambio relevante para las carteras propias de los agentes de liquidación y compensación. ¿Qué señales del mercado indicaron que éste era el momento adecuado para avanzar con esa flexibilización?

Roberto Silva: Más que responder a una señal puntual del mercado, esta flexibilización forma parte de un proceso gradual de revisión de restricciones que habían sido establecidas en un contexto diferente. Primero, eliminamos la caución en dólares como restricción y, posteriormente, a través del Criterio Interpretativo N° 99, incorporamos excepciones que permitían determinadas operaciones intradiarias.

La Resolución General N° 1152 profundiza ese camino, ampliando las excepciones para las carteras propias de los agentes y otorgándoles mayor flexibilidad operativa. El objetivo fue adecuar la regulación a las necesidades reales del mercado, evitando que restricciones que ya habían perdido parte de su justificación generaran ineficiencias o dificultaran la correcta gestión de las posiciones de los intermediarios.

En definitiva, buscamos facilitar la operatoria sin afectar los objetivos de supervisión y transparencia, permitiendo que los agentes puedan operar con mayor eficiencia y menos obstáculos regulatorios.

Latin Counsel: ¿Qué impacto espera que tenga la excepción que permite recomponer posiciones en moneda extranjera hasta el 15% del patrimonio neto sobre la liquidez diaria, la operatoria institucional y la formación de precios en el mercado?

Roberto Silva: No pasa por ninguna de esas cosas. Lo que hace es establecer reglas claras sobre las circunstancias en las que los ALyCs (agentes de liquidación y compensación) y los ANs (agentes de negociación) pueden dolarizar sus carteras propias. El objetivo de la norma es, fundamentalmente, brindar mayor claridad y previsibilidad respecto de las circunstancias en las que dichos agentes pueden recomponer posiciones en moneda extranjera dentro de sus carteras propias.

Además, esta flexibilización no opera de manera aislada. Está acompañada por los requisitos prudenciales y los límites vigentes en materia de liquidez y apalancamiento, que deben cumplirse tanto en pesos como en dólares, y también de manera consolidada. Por lo tanto, se trata de una adecuación regulatoria que busca facilitar la gestión de carteras dentro de un marco de control y supervisión que sigue plenamente vigente.

Latin Counsel: Desde el punto de vista del control de riesgos, ¿cómo compensa la CNV la eliminación de las restricciones previas del Criterio Interpretativo N° 99 con el nuevo régimen informativo mensual?

Roberto Silva: El Criterio Interpretativo N° 99 no establecía restricciones, sino que introducía una excepción dentro del régimen general ya vigente. En ese sentido, el nuevo esquema no implica una actualización y ampliación de esas excepciones dentro de un marco más claro.

Este cambio se complementa con los límites prudenciales de liquidez y apalancamiento que deben cumplir los agentes, tanto en moneda local como extranjera y de manera consolidada. A esto se suma el régimen informativo mensual, que refuerza la supervisión al permitir un monitoreo más sistemático y oportuno de las posiciones.

En conjunto, el objetivo es mantener un esquema sólido de control de riesgos, pero con reglas más claras, coherentes y alineadas con la operatoria real del mercado.

Latin Counsel: ¿Cómo se inserta la Resolución General N° 1152 en el objetivo más amplio de normalizar el mercado de capitales y dejar atrás medidas excepcionales vinculadas al contexto de controles y restricciones cambiarias?

Roberto Silva: La Resolución General N° 1152 está alineada con la flexibilización de restricciones que venimos impulsando desde el inicio de esta gestión con el objetivo de normalizar el mercado de capitales argentino. Hemos venido avanzando de manera consistente en esa dirección a través de distintas resoluciones que han hecho el marco regulatorio más flexible y ordenado. Entre ellas se encuentran la eliminación de la prohibición de dolarización de las carteras propias de los ALyCs (Resolución General N° 990), la revisión de restricciones vinculadas a operaciones con BOPREAL -un bono del Banco Central- (Resoluciones Generales N° 990 y 995), la eliminación de obstáculos para operaciones asociadas a créditos hipotecarios UVA -ajustados por inflación- (Resolución General N° 1004), la eliminación del requisito de preaviso de cinco días (Resolución General N° 1018), y la flexibilización de determinadas financiaciones denominadas en dólares que impedían operar en MEP -USD local- o CCL -USD en el exterior- (Resolución General N° 1018).

A ello se suma la eliminación del requisito de "parking" para individuos residentes (Resolución General N° 1062) y la ampliación de criterios para la libre transferencia de valores negociables adquiridos en colocaciones primarias o reinversión, en distintas etapas regulatorias (Resoluciones Generales N° 1022, 1067, 1068, 1093 y 1128), entre otras medidas.

Latin Counsel: Al flexibilizar los requisitos de actualización de prospectos y convertir ciertos deberes en optativos, ¿cómo garantiza la CNV un estándar adecuado de transparencia sin imponer costos innecesarios a los emisores?

Roberto Silva: La CNV siempre debe equilibrar dos cosas: por un lado, promover el desarrollo del mercado de capitales y, por el otro, proteger a los inversores. Esta flexibilización de ciertos requisitos de actualización de prospectos, o la posibilidad de que algunos deberes pasen a ser optativos, se enmarca dentro de ese equilibrio.

Lo importante es que no cambia la obligación central: la obligación de brindar información adecuada, completa y suficiente para que los inversores puedan tomar decisiones informadas sigue intacta (independientemente de si está contenida en el prospecto o en el suplemento). Lo que se está haciendo es reducir carga administrativa y simplificar procesos que no agregaban valor, pero sin afectar el estándar de disclosure mencionado.

Al mismo tiempo, se refuerza la responsabilidad de cada uno de los participantes del mercado —emisores, colocadores y sus asesores—, que siguen sujetos a los regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal. En definitiva, esto no es menos transparencia ni menos control, sino menos burocracia y mayor compromiso, sin paternalismo estatal.

Latin Counsel: Uno de los desafíos históricos del mercado argentino ha sido ampliar la base de emisores. ¿Qué medidas considera más relevantes para que más compañías, especialmente medianas empresas, accedan al financiamiento público?

Roberto Silva: Sin duda, uno de los desafíos que enfrentamos es ampliar la base de emisores, especialmente incorporando más pequeñas y medianas empresas al financiamiento a través del mercado de capitales.

El financiamiento PyME es un eje central, junto con herramientas como el pagaré hard dollar (Resolución General N° 1003), que brinda acceso a financiamiento en moneda extranjera de una manera más ágil y adaptada a las necesidades actuales.

En esa línea, venimos trabajando en el financiamiento PyME como un eje clave. En este sentido, se destacan el desarrollo de los Fondos Comunes de Inversión PyME (Resolución General N° 997), la ampliación del financiamiento a través de Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros PyME (Resolución General N° 1019), y su prórroga mediante la Resolución General N° 1070.

Esto se complementa con la extensión del régimen de oferta pública automática para emisiones de bajo y mediano impacto, incluyendo fideicomisos financieros y otros vehículos (Resolución General N° 1031), así como la incorporación de obligaciones negociables dentro de este esquema (Resoluciones Generales N° 1047 y 1028).

También avanzamos en flexibilización y reordenamiento normativo en materia de emisión y negociación de Valores Negociables de Emisión Individual (VNEI), mediante la Resolución General N° 1107.

Además, aprobamos una mayor simplificación del régimen mediante nuevas ampliaciones para fideicomisos financieros de bajo y mediano impacto y la apertura del régimen de oferta pública automática a inversores minoristas para emisores bajo el régimen general, tanto en obligaciones negociables como en acciones (Resolución General N° 1117).

Todo este proceso se fortalece con el paquete desregulatorio "Big Bang" (Resoluciones Generales N° 1145 a 1149), que consolida una lógica de mayor simplificación, menos burocracia y más automatización, con el objetivo de permitir que más compañías —especialmente medianas empresas— accedan al financiamiento público de manera más rápida, eficiente y previsible.

Latin Counsel: En materia de financiamiento corporativo, ¿qué instrumentos espera que ganen mayor dinamismo en los próximos años: obligaciones negociables, fideicomisos financieros, acciones, fondos comunes cerrados, fondos de inversión u otros vehículos?

Roberto Silva: Desde que iniciamos nuestra gestión, el volumen del mercado se ha duplicado. Esto no es una casualidad; ha sido impulsado por la estabilidad macroeconómica promovida por el Gobierno argentino y por el marco regulatorio que hemos dictado para que acceder al mercado sea más fácil y eficiente.

Algunos instrumentos ya han mostrado un desarrollo muy significativo, como las obligaciones negociables (ONs), mientras que otros tienen un potencial de expansión aún mayor hacia adelante.

En ese sentido, las ONs seguramente profundizarán su crecimiento, especialmente con el impacto del paquete regulatorio "Big Bang", que mejora el acceso, reduce tiempos y facilita las emisiones. Algo similar puede esperarse de los fondos comunes de inversión abiertos, que bajo este nuevo esquema —y con el agregado del desarrollo de los FALs— deberían multiplicar su escala y la cantidad de vehículos disponibles.

También vemos un espacio muy significativo para los fondos cerrados, especialmente aquellos vinculados al financiamiento de la economía real y, en particular, al desarrollo del mercado inmobiliario, que puede ganar un impulso relevante en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y mayor dinamismo regulatorio.

En el caso de los fideicomisos financieros, aunque no han experimentado el crecimiento esperado en los últimos años, hemos avanzado significativamente en la simplificación de sus reglas para facilitar su desarrollo.

Por último, instrumentos como pagarés bursátiles, cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónicas deberían sostener su volumen e incluso expandirse, particularmente como resultado de su mayor negociación en plataformas.

Latin Counsel: La modernización tecnológica del mercado aparece como uno de los pilares de la agenda regulatoria. ¿Qué planes regulatorios, operativos y de infraestructura técnica tiene la CNV en su agenda para digitalizar el mercado de valores argentino y hacerlo más eficiente?

Roberto Silva: Los mercados están incorporando tecnología de manera constante, y en la CNV venimos acompañando activamente ese proceso promoviendo un marco regulatorio que habilite y ordene esas innovaciones en lugar de restringirlas.

En ese sentido, la regulación de los PSAVs y el desarrollo del esquema de tokenización marcan un punto de inflexión, ya que integran formalmente nuevas tecnologías al mercado de capitales y les otorgan un encuadre regulatorio claro.

Más que pensar en términos de un único plan cerrado, lo que existe es una agenda continua de modernización que busca asegurar que la regulación acompañe la evolución tecnológica, facilitando mayor eficiencia operativa, trazabilidad y acceso al mercado, siempre dentro de estándares de transparencia y protección al inversor.

Además, mediante la Resolución General N° 1000, se modificó la normativa para fijar el plazo de liquidación regular en T+1 para operaciones sobre valores negociables de renta variable y/o renta fija. El plazo de liquidación regular de T+2 se mantuvo sólo para ciertas operaciones y por un período breve, hasta que la Resolución General N° 1029 lo eliminó por completo. Al alinearnos con los plazos de liquidación del más alto estándar global y brindar a los inversores una ventana de liquidez más ágil, cuando venden, reciben antes el producido de la operación; cuando compran, pueden integrar los fondos un día después. En síntesis, apuntamos a un mercado que pueda fluir orgánicamente con mayor velocidad y estar integrado con el mundo.

Latin Counsel: En relación con los activos digitales y la tokenización, ¿cuál es la hoja de ruta jurídica para permitir el listado o la negociación regulada de instrumentos vinculados a estos activos en mercados tradicionales?

Roberto Silva: Hoy todavía estamos frente a dos mundos que operan de manera relativamente separada —el mercado tradicional y el ecosistema de activos virtuales—, pero con una clara tendencia hacia la convergencia.

La tokenización, tal como la concebimos, implica precisamente esa interacción entre ambos espacios: llevar activos del mundo real a representaciones digitales sin perder el anclaje en el régimen jurídico del mercado de capitales.

En ese sentido, la hoja de ruta regulatoria apunta a permitir esa integración de manera gradual y ordenada, asegurando que cualquier listado o negociación de instrumentos vinculados a activos digitales en mercados tradicionales se realice dentro de marcos que garanticen transparencia, trazabilidad, protección al inversor y adecuada supervisión. El desafío es construir puentes entre ambos sistemas sin resignar estándares regulatorios.

Latin Counsel: ¿Cómo regula la CNV a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, los mercados, y coordina con otros reguladores para cumplir con estándares internacionales en materia de prevención del fraude, prevención del lavado de activos y protección al inversor?

Roberto Silva: Hoy podemos afirmar con satisfacción que la Argentina se encuentra a la vanguardia en la región —e incluso en comparación con muchos países del mundo— en materia de regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) y tokenización.

En poco más de dos años de trabajo sostenido desde la sanción de la Ley N° 27.739, que encomendó a la CNV la registración y supervisión de los PSAVs en el marco del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hemos logrado construir un marco regulatorio integral alineado con estándares internacionales y con las recomendaciones del GAFI.

Asumimos un rol central en el diseño e implementación de este marco, con el objetivo de brindar previsibilidad, seguridad y transparencia al desarrollo de la actividad. En ese proceso, primero avanzamos con la creación del Registro de PSAVs mediante la Resolución General N° 994, durante la evaluación mutua del GAFI; luego abrimos un proceso de consulta pública mediante la Resolución General N° 1025, incorporando aportes del sector; y finalmente, consolidamos la regulación definitiva mediante la Resolución General N° 1058, que hoy se encuentra plenamente vigente.

Este desarrollo no tuvo lugar de manera aislada, sino en coordinación permanente con otros organismos del Estado, particularmente con la UIF en materia de prevención del lavado de activos, reforzando un enfoque integrado de supervisión y control.

En definitiva, el objetivo es claro: acompañar la innovación financiera, pero dentro de un marco robusto que garantice integridad, trazabilidad y protección al inversor, en línea con los más altos estándares internacionales.

Latin Counsel: Mirando hacia los próximos dos años, ¿qué indicadores permitirían medir el éxito de esta agenda: mayor volumen transaccional, ingreso de nuevos emisores, mayor profundidad y liquidez, participación de inversores minoristas, inversión extranjera o nuevas reformas legales de fondo?

Roberto Silva: Todo lo que hemos hecho ya constituye en sí mismo un indicador de éxito, en la medida en que el propio crecimiento del mercado y la recepción de las reformas muestran un cambio concreto en su funcionamiento.

Ese cambio se refleja en un acceso más ágil al mercado, en una mejora del timing de las decisiones de financiamiento y en una mayor facilidad operativa para emisores e inversores. En ese sentido, más que pensar en indicadores aislados hacia adelante, lo que ya vemos es una transformación efectiva en la dinámica del mercado como resultado de las reformas implementadas. Estamos cambiando la historia del mercado de capitales argentino, y eso es algo que puede verse en la práctica hoy.

Argentina merece un mercado de capitales acorde con esta nueva etapa.