Finanzas sostenibles en México: obligaciones regulatorias y estándares ESG aplicables

Von Wobeser | El 28 de enero de 2025 marcó un antes y un después para las empresas emisoras en México con la obligatoriedad de los informes de sostenibilidad. Este cambio, impulsado por el Comité de Finanzas Sostenibles, refleja una alineación total con los estándares globales de información financiera (NIIF S1 y S2). Mientras las AFORES ya gestionan inversiones por más de 110 mil millones de pesos bajo criterios ESG, el mercado observa con lupa la implementación de estas normas. El éxito de esta transición dependerá de la calidad de los reportes y de la adopción seria de la Taxonomía Sostenible, herramientas críticas para convertir los desafíos ambientales en oportunidades de inversión responsable hacia el cierre de la década.

I.  Contexto ESG en México.

ASG (ambiental, social y gobernanza) o ESG, por sus siglas en inglés, se refiere a factores no financieros que permiten evaluar el impacto social y ambiental de una empresa, así como su gobierno corporativo. El concepto fue impulsado a partir del reporte Who Cares Wins de 2004, cuyo fin consistía en fomentar estos factores al tomar decisiones relacionadas con inversión y regulación . En México, el concepto empezó a tener mayor relevancia a raíz de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual fue adoptada en 2015 y estableció 17 objetivos y 169 metas orientadas a guiar políticas públicas y canalizar recursos hacia un crecimiento más inclusivo y ambientalmente responsable .
El compromiso asumido por México con la Agenda 2030, en conjunto con diagnósticos que muestran cómo riesgos climáticos y ambientales pueden materializarse en riesgos financieros, han impulsado en el país el desarrollo de un marco institucional más robusto. Un reporte elaborado por el Banco de México junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente resalta la vulnerabilidad de México ante riesgos ambientales físicos, como sequías, inundaciones y huracanes, que pueden traducirse en afectaciones al sistema financiero mexicano a través de impactos en producción, cadenas de suministro, infraestructura, que posteriormente se traducen en afectaciones a portafolios, el valor de garantías, menor capacidad de pago, entre otros . En paralelo la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 ("ENIF"), reporta que, en 2024, el 11.4% de la población en México entre 18 a 70 años sufrió afectaciones económicas recientemente por un fenómeno natural o un evento causado por otra persona , trasladando los riesgos ambientales a un marco más concreto.

II.  El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y el Comité de Finanzas Sostenibles.

Una organización clave dentro del marco institucional desarrollado es el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero ("CESF"). El CESF fue creado para fungir como un mecanismo de evaluación, análisis y coordinación, en el cual se alinean diagnósticos y prioridades entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP"), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ("CONSAR"), entre otras autoridades del sector . Posteriormente, el CESF creó el Comité de Finanzas Sostenibles ("CFS") , con el fin de apoyar en la elaboración de análisis, evaluaciones y recomendaciones especializadas en materia de sostenibilidad. Para cumplir con estos fines, el CSF realiza informes anuales en materia de finanzas sostenibles , por medio de los cuales, entre otras cosas, (i) miden los riesgos que enfrenta el sistema financiero mexicano a raíz del cambio climático y otras cuestiones ambientales; (ii) divulgan y promueven estándares de ESG, como son las Normas NIIF de Información a Revelar sobre Sostenibilidad (IFRS Sustainability Disclosure Standards), emitidas por el International Sustainability Standards Board de la Fundación IFRS  y; (iii) reconocen los esfuerzos realizados por autoridades del sector financiero en materia de sostenibilidad, como es el caso de las regulaciones emitidas recientemente por la CNBV y la CONSAR en la materia.

III. Obligaciones incorporadas por la CNBV para emisoras.

El 28 de enero de 2025, la CNBV reformó las disposiciones aplicables a emisoras de valores para exigir la elaboración de un informe de sostenibilidad , el cual consiste en proporcionar información sobre riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad que razonablemente podrían afectar flujos de efectivo, acceso al financiamiento o costo de capital. Este informe debe prepararse conforme a las Normas NIIF previamente mencionadas y que actualmente se integran principalmente por: (i) la NIIF S1, que fija requisitos generales para revelar información sobre riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad , y (ii) la NIIF S2, enfocada específicamente en clima, misma que cubre riesgos físicos y de transición y exige divulgaciones bajo los pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y métricas y objetivos .

IV. Obligaciones de la CONSAR en materia de administración de ahorro para el retiro.

La CONSAR ha incorporado directamente en su regulación criterios ESG. Las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro exigen a las Administradoras y a las Sociedades de Inversión Especializadas que administran el ahorro para el retiro incorporar estos criterios en el análisis de inversión y en la gestión de riesgos, así como reforzar sus capacidades internas para su implementación, incluyendo funcionarios con certificaciones aplicables a la gestión de activos y un programa de capacitación continua para el personal involucrado . Esto es particularmente relevante por la escala del sistema de ahorro para el retiro considerando que, de acuerdo con datos de la ENIF, el 42.2% de la población de 18 a 70 años cuenta con una AFORE o cuenta de ahorro para el retiro . Asimismo, al cierre de septiembre de 2024, se reportaron 75.3 millones de cuentas y 6.8 billones de pesos en recursos totales dentro del sistema .

V. Instrumentos de políticas públicas.

Como parte de la implementación de medidas y la identificación de instrumentos sostenibles, la SHCP ha desarrollado y publicado dos instrumentos dirigidos a apoyar al sistema financiero mexicano: la Taxonomía Sostenible de México y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible.
La Taxonomía Sostenible de México funciona, ante todo, como un marco de referencia común no obligatorio para el mercado financiero. Es decir, estandariza criterios para que emisores, intermediarios, analistas e inversionistas puedan identificar y sustentar cuándo una actividad, activo o proyecto puede catalogarse como sostenible o no, mejorando la calidad y comparabilidad de la información usada en la toma de decisiones de financiamiento e inversión y mitigando riesgos de greenwashing .
La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible ("EMFS"), publicada en septiembre de 2024 , busca que el mercado de deuda y capital en México tenga mejores condiciones para financiar proyectos sostenibles, impulsando que más proyectos viables puedan acceder a financiamiento, también que exista información comparable para que bancos e inversionistas puedan evaluar riesgos y tomar decisiones y para fomentar el desarrollo de instrumentos financieros innovadores.

VI. Bonos Soberanos

Uno de los principales vehículos utilizados en México para movilizar recursos son los bonos etiquetados, ya sean bonos verdes, sociales, sostenibles o soberanos sostenibles. La lógica detrás de estos bonos consiste en que los emisores deben definir el uso que se le dará al financiamiento obtenido. Entre ellos, destacan los bonos soberanos sostenibles del Gobierno Federal vinculados al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Los recursos obtenidos por estos bonos se integran al Presupuesto de Egresos de la Federación y se asignan a programas presupuestarios asociados a dichos objetivos. Entre 2015 y 2024, el sector público emitió un acumulado de 678,025 millones de pesos en bonos sostenibles, predominando los bonos soberanos sostenibles del Gobierno Federal (55.6% del total), con 377,171 millones de pesos emitidos desde el año 2020 .

VII. Bonos Verdes

Los bonos verdes han ganado espacio como instrumento para financiar proyectos de energía renovable, eficiencia energética, agua y transporte limpio, con emisiones relevantes de entidades públicas. Además, se ha observado una demanda creciente de inversionistas institucionales, incluyendo AFORES, lo que ha reforzado el incentivo para nuevas emisiones. La CONSAR reportó que las AFORES invirtieron más de 110,405 millones de pesos en bonos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza al cierre de 2022 .



En México los criterios de ESG empiezan a tomar mayor fuerza, pasando de ser compromisos a acciones y obligaciones concretas destinadas a enfrentar riesgos que enfrenta el sistema financiero en relación con desastres naturales y ambientales. Esto se refleja en las obligaciones que la CNBV ha implementado para las emisoras, alineadas con estándares internacionales, así como en las exigencias de la CONSAR orientadas a integrar factores ESG en los marcos de inversión y gestión de riesgos del ahorro para el retiro. Hacia 2030, se puede esperar que continúe el énfasis en alinear el marco financiero mexicano con estándares internacionales, ya sea a través de políticas públicas o mayor regulación a ciertas entidades financieras. En ese contexto, resultará relevante monitorear: (i) la calidad de los primeros reportes de sostenibilidad y el cumplimiento de las nuevas obligaciones para emisoras; (ii) si la Taxonomía Sostenible de México se adopta de forma seria como referencia para el etiquetado y seguimiento de financiamientos (reduciendo el riesgo de greenwashing); y (iii) la implementación de los cambios regulatorios impulsados por la CNBV y la CONSAR.

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