BVU incorpora a Juan Jiménez para liderar nueva práctica de Public Compliance

BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS (BVU) ha incorporado al Ex Primer Ministro y ex Ministro de Justicia y DDHH. de Perú Juan Jiménez Mayor para liderar una nueva práctica enfocada en Public Compliance, con el objetivo de asesorar en prevención de delitos de corrupción, y con el propósito de cumplir la ley en las diferentes aristas y mejorar los estándares de prevención frente a la corrupción a todo nivel, tanto en las entidades del Estado como en las empresas públicas.

Jiménez retorna a la firma tras su experiencia diplomática, en la posición de Of Counsel de la nueva práctica. Lo acompaña un equipo multidisciplinario que garantiza una asesoría integral en la gestión de riesgos de corrupción, políticas de integridad, desempeño de las oficinas de integridad, canales de denuncia y transparencia. Se encuentran los profesionales Liliana Calderón, Roberto Pereira, Daniel Loli, Fabricio Daneri, Marjori Salvador.

Varios estudios de opinión realizados en Perú revelan que la corrupción es uno de los grandes problemas que debemos enfrentar y, aunque su respuesta ha estado centrada fuertemente en el derecho penal, desde el 2016 con la dación de la Ley 30424, se ha buscado promover un esquema preventivo incorporando a las empresas privadas en el desarrollo de Programas de Cumplimiento normativo para evitar la comisión de ilícitos penales.

De algún modo, la dinámica que se impone implica convertir a las empresas en garantes de mecanismos preventivos para que no se materialicen delitos y se inserte una cultura del cumplimiento y la integridad.

El modelo de prevención peruano, con la reciente Ley 31740, ha expandido el Compliance a treinta delitos, ampliando su espectro de aplicación, lo que tendrá un impacto en el mundo corporativo, debiendo adecuarse para mitigar los riesgos que ello significa para sus operaciones.

En este ámbito, la firma peruana ha venido y viene brindando soporte a sus clientes para implantar y robustecer sus programas de cumplimiento, considerando las tendencias jurisprudenciales y de enfoques de aplicación de la ley penal por parte del sistema de justicia, y considerando las buenas prácticas internacionales. En ello es muy importante considerar la vasta experiencia práctica de su área penal, líder en el mercado de servicios legales.

Con la aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (D.S. N° 044-2018-PCM), se estableció el Modelo de Integridad para las entidades del sector público, que también apunta a incrementar capacidades en el Estado para evitar o mitigar la comisión de ilícitos en materia de corrupción. En esta materia se ha diseñado por parte de la Secretaría de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros el INDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA (ICP) frente a la corrupción, mediante el cual se evalúan estándares del modelo referido, lo que va construyendo una agenda de fortalecimiento institucional.

El ICP mide los nueve componentes del modelo y permite que se puedan diseñar acciones para poder elevar las condiciones de cumplimiento del mismo, lo que reditúa en una mejor organización para prevenir la comisión de ilícitos.

Los componentes son los siguientes:

1.⁠ ⁠Compromiso de la Alta Dirección
2.⁠ ⁠Gestión de Riesgos
3.⁠ ⁠Políticas de Integridad
4.⁠ ⁠Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas
5.⁠ ⁠Controles interno, externo y auditoría
6.⁠ ⁠Comunicación y capacitación
7.⁠ ⁠Canal de denuncias
8.⁠ ⁠Supervisión y Monitoreo del modelo de integridad
9.⁠ ⁠Encargado del Modelo de Integridad

Como parte de su responsabilidad social, y para promover un sector público con menos contingencias delictivas, la firma ha diseñado una serie de productos destinados al desarrollo del Public Compliance, buscando así el contribuir en la mejora de la performance preventiva de los organismos públicos y buscar un desempeño con integridad de funcionarios y servidores estatales.

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