Costa Rica aprueba una ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales

BLP Legal - El pasado 8 de febrero de 2024, en Costa Rica se aprobó una nueva ley destinada a proteger a las personas que denuncian actos de corrupción y a los testigos de estas personas que denuncian, la cual aplica tanto en instituciones públicas como en privadas.

Desde el enfoque del derecho laboral, esta ley introduce un fuero de protección especial y una serie de medidas para garantizar que los denunciantes y testigos no sufran represalias laborales. A continuación, se destacan los aspectos más importantes de esta ley:

1. Fuero de protección: Al ser que protege a los denunciantes y testigos de actos de corrupción no pueden ser suspendidos, despedidos, destituidos, ni tampoco sufrir de represalias.

2. Reclamos por represalias: Por ejemplo, sufrir cambios desfavorables en las condiciones laborales o de remuneración, restricciones en el desarrollo de la empresa, así como evaluaciones negativas, iniciación de acciones disciplinarias sin fundamento, coacción, intimidación o acoso sexual y/o laboral

3. Canales de denuncia: Los empleadores ahora deberán de definir un canal de recepción y seguimiento de denuncias de actos de corrupción, especialmente cuando la empresa cuenta con más de 50 empleados, permitiéndole a los trabajadores realizar sus denuncias de manera anónima por medios electrónicos.

4. Multas por represalias: Las empresas que no acaten esta ley y tomen represalias contra los denunciantes protegidos, se les podría imponer una multa que va desde 1 a 100 salarios base.

5. Reforma al artículo 404 del Código de Trabajo: Para incluir como una causa de discriminación prohibida cuando exista alguna denuncia o rendición de testimonio sobre actos de corrupción.

6. Confidencialidad: Obligando a la empresa y encargados de la recepción y seguimiento de las denuncias de corrupción a guardar la confidencialidad del caso.

Esta nueva ley fortalece significativamente la protección de los derechos de los trabajadores promoviendo un ambiente laboral más transparente y seguro, al garantizar la confidencialidad de las personas que denuncian y ayudan durante el proceso de investigación para llegar a la verdad real de los hechos denunciados, proporcionando mecanismos claros para la denuncia y la protección contra represalias, alentando a los trabajadores a denunciar los casos de corrupción sin temor a que existan consecuencias negativas hacia la seguridad de mantener el empleo.