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DLA Piper logra para Iberdrola la anulación de una sanción de 25 millones
DLA Piper ha logrado para Iberdrola la anulación de una sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una presunta manipulación de precios en el mercado eléctrico español.
DLA Piper ha logrado para Iberdrola la anulación de una sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una presunta manipulación de precios en el mercado eléctrico español.
La sanción había sido impuesta en noviembre de 2015 a Iberdrola Generación, al considerar la CNMC que la compañía había incurrido en una infracción muy grave relacionada con el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la eléctrica contra el acuerdo de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, declarando la resolución sancionadora disconforme con el ordenamiento jurídico y dejando sin efecto la multa de 25 millones de euros.
El procedimiento contencioso-administrativo había permanecido suspendido desde 2017 debido a la existencia de un proceso penal paralelo, que concluyó el 4 de enero de 2024 con una sentencia absolutoria del Juzgado Central de lo Penal. La resolución descartó la comisión de un delito contra el mercado y los consumidores previsto en el artículo 281 del Código Penal y adquirió firmeza al no ser recurrida.
La decisión de la Audiencia Nacional se apoya, entre otros aspectos, en el efecto vinculante de la sentencia penal firme. El tribunal tuvo en cuenta el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, que establece que los hechos declarados probados mediante resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las administraciones públicas en los procedimientos sancionadores.
La sentencia penal había considerado acreditado que Iberdrola ofertó al mercado toda la energía hidroeléctrica disponible durante el periodo investigado, descartando cualquier retirada o detracción de producción. También cuestionó la fiabilidad del método pericial empleado por la CNMC, al describirlo como un sistema elaborado ad hoc, basado en estimaciones y en variables modificadas subjetivamente.
La resolución penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, y descartó la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.
