El vino chileno como bebida nacional: una mirada crítica a la necesidad de reforma legislativa

Alessandri - En el marco de la conmemoración del décimo aniversario del Día Nacional del Vino —instaurado oficialmente en 2015—, el pasado 2 de septiembre de 2025 se dio inicio a una nueva etapa en la valorización institucional del vino chileno con la creación de la denominada Bancada del Vino ante el Congreso Nacional. Esta instancia, compuesta por parlamentarios y actores relevantes del sector vitivinícola nacional, tiene como objetivo principal consolidar una representación política que promueva el reconocimiento del vino como bebida nacional, en virtud de su incuestionable aporte histórico, cultural y económico al país.

La ceremonia "Vino: Patrimonio de Chile", liderada por la asociación gremial Vinos de Chile, se enmarca en la estrategia sectorial 2025, orientada a posicionar al vino chileno como un producto premium, diverso y sostenible en el mercado global. Declarar una bebida como bebida nacional no implica cambios legales automáticos, pero sí tiene un fuerte valor simbólico y cultural. Este impulso institucional y comercial requiere ser acompañado por una reforma legislativa sustantiva que permita remover barreras estructurales que afectan a todo el rubro – especialmente a los pequeños y medianos productores-, para tener mayor alcance en cuanto a políticas públicas, producción, consumo responsable y exportación que impulsen el desarrollo.

Uno de los principales obstáculos normativos actuales es el Impuesto Adicional a las Bebidas Alcohólicas y Analcohólicas (ILA), regulado en el artículo 42 del Decreto Ley N° 825 [i] sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Este gravamen, que se calcula sobre la misma base imponible del IVA, establece una tasa del 20,5% para vinos destinados al consumo —incluyendo espumosos, gasificados, generosos, chichas y sidras— y una tasa del 31,5% para licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, incluyendo vinos licorosos o aromatizados.

El ILA se aplica tanto en la importación como en la comercialización interna de estos productos, generando una carga tributaria regresiva que afecta de manera desproporcionada a los micro y pequeños productores vitivinícolas. Esta situación no solo desincentiva la competitividad del sector, sino que también vulnera principios de equidad tributaria y desarrollo económico local, al colocar en desventaja a quienes no cuentan con economías de escala ni acceso a mecanismos de compensación fiscal.

La declaración del vino como bebida nacional debe ir acompañada de una revisión crítica del marco normativo vigente, e incorporar criterios de fomento productivo, sustentabilidad económica y protección patrimonial. La modificación del ILA para ciertos segmentos productivos podría constituir una medida de justicia tributaria, orientada a fortalecer la cadena de valor vitivinícola y a promover una mayor inclusión de productores emergentes.