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La IBA expresa su grave preocupación por una posible erosión del Estado de Derecho en España
La IBA apoya firmemente las declaraciones realizadas por varios colegios de abogados, el órgano de gobierno del poder judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, así como por numerosos despachos de abogados españoles de primera línea Declaración de la Presidenta de la Asociación Internacional de Abogados (IBA),…
La IBA apoya firmemente las declaraciones realizadas por varios colegios de abogados, el órgano de gobierno del poder judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, así como por numerosos despachos de abogados españoles de primera línea
Declaración de la Presidenta de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), Almudena Arpón de Mendívil Aldama:
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzó un acuerdo (el "Acuerdo") con el partido catalán Junts el 9 de noviembre. El Acuerdo incluye disposiciones que, de aplicarse, erosionarían gravemente el Estado de Derecho en España. Prevé, entre otras cosas, la creación de comisiones de investigación durante la próxima legislatura para investigar las actividades judiciales en el contexto del llamado "lawfare" en torno al referéndum catalán y la declaración unilateral de independencia, lo que podría dar lugar a acciones de responsabilidad del poder judicial o enmiendas legislativas.
La Asociación Internacional de Abogados subraya, una vez más, la importancia y la necesidad de protección de un Estado de Derecho consolidado, basado en la separación de poderes, donde el poder judicial, actuando de forma independiente y con sujeción exclusiva a la ley, desempeña el papel central de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico.
La reacción de la comunidad jurídica española ha sido unánime condenando cualquier posible ataque a la independencia del poder judicial, demostrando la fortaleza de las instituciones españolas y de su sector jurídico como guardianes del Estado de Derecho.
En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid se ha manifestado claramente:
La separación de poderes, base del Estado democrático y de sus mecanismos de pesos y contrapesos, impone el pleno respeto y sometimiento a los tribunales de justicia y a su función jurisdiccional.
El uso de la llamada "lawfare" (utilización de la justicia con fines políticos) referida a juzgados y tribunales no tiene cabida en un Estado democrático. Por lo tanto, la creación de comisiones parlamentarias de investigación dedicadas a la vigilancia de las actividades de los tribunales es inaceptable.
El sometimiento de los jueces a la ley y la independencia judicial son esenciales para el Estado de Derecho, y deben ser respetados y acatados, por todos los actores públicos y privados, lo que exige una llamada a la responsabilidad.