Legislación · Costa Rica
Nueva política H-1B de EE. UU.: impactos económicos, sociales y estratégicos para Centroamérica
El 19 de septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump emitió una proclamación que marca un antes y un después en el uso de la visa H-1B.
El 19 de septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump emitió una proclamación que marca un antes y un después en el uso de la visa H-1B. La norma establece que todas las solicitudes nuevas de esta categoría, utilizada principalmente por trabajadores de alta especialización, deberán acompañarse de un pago suplementario de USD 100,000. De no cumplirse, las peticiones podrán ser denegadas y los beneficiarios no podrán ingresar al país por un período de 12 meses.
El argumento oficial es proteger el mercado laboral estadounidense, reducir abusos en el programa y priorizar perfiles de mayor remuneración. Sin embargo, la medida ha generado controversia: la industria tecnológica y organizaciones empresariales anticipan demandas al considerar que excede la autoridad ejecutiva y que impactará negativamente la competitividad.
Para las compañías estadounidenses, en especial startups, pequeñas y medianas empresas, esta medida implica un aumento inmediato en el costo de contratación de talento extranjero. Este pago adicional hace para muchos casos inviable el uso del H-1B, obligando a replantear estrategias de reclutamiento, recurrir a otras alternativas dentro de los distintos programas de visas o, simplemente, limitar la movilidad internacional.
Al mismo tiempo, sectores como el tecnológico, académico e investigativo anticipan una reducción en la llegada de profesionales altamente calificados, lo que podría generar vacíos en áreas críticas de innovación.
La medida que impone un cargo extraordinario de US $100,000 a determinadas solicitudes H-1B no está exenta de cuestionamientos legales y políticos.
En primer lugar, varios analistas y bufetes especializados han advertido que podrían presentarse demandas contra la disposición, alegando que excede la autoridad del Poder Ejecutivo, y que contradice las normas de tarifas establecidas por el Congreso. Incluso algunos estados, como California, han manifestado su intención de explorar acciones legales frente a esta política.
En segundo lugar, el sector tecnológico y empresarial, principal usuario del programa H-1B, ha reaccionado con fuerte preocupación y se prevé que impulse activamente litigios o apoye iniciativas para frenar la medida, dado el impacto directo que tendría en la contratación de talento internacional.
Finalmente, debe destacarse que el futuro de la disposición también dependerá del escenario político. En Estados Unidos, los cambios de administración suelen traducirse en giros significativos en política migratoria. Una nueva administración podría modificar, suavizar o incluso derogar la medida, aunque no existe garantía de que ello ocurra de forma inmediata.
En consecuencia, el impacto de esta reforma debe analizarse no solo desde su aplicación inmediata, sino también considerando la probabilidad de impugnaciones judiciales y la posibilidad de reversión política en el corto o mediano plazo.
Centroamérica: inversión, ecosistema de talento y beneficios migratorios
Ante este escenario, Centroamérica, que concentra numerosas filiales de empresas estadounidenses y ha desarrollado un ecosistema dinámico en servicios tecnológicos, dispositivos médicos, manufactura avanzada, servicios corporativos, semiconductores, industria alimentaria e investigación científica, enfrentará impactos tanto directos como indirectos.
No obstante, la coyuntura también representa una oportunidad estratégica. La región ya cuenta con marcos de inversión y programas de estímulo para atraer capital extranjero, y retener talento especializado, los cuales varían según la legislación de cada país, pero comparten un mismo objetivo: consolidar a Centroamérica como destino de nearshoring.
Entre los mecanismos más relevantes, destacan:
- Zonas francas y parques tecnológicos, con exenciones fiscales, facilidades de importación/exportación y acceso a infraestructura tecnológica de alto nivel.
- Tratados de Libre Comercio y preferencias arancelarias, que reducen barreras y agilizan el comercio internacional.
- Incentivos a la innovación y la capacitación, mediante programas de upskilling y reskilling alineados con demandas de TI, ingeniería y análisis de datos.
- Beneficios tributarios para I+D, orientados a empresas que invierten en investigación, generación de empleo de alto valor agregado y transferencia tecnológica.
- Estímulos a proyectos de energía renovable, con incentivos fiscales y regulatorios.
- Programas de atracción de IED, que incluyen asistencia en trámites, permisos y asesoría legal para la instalación de filiales y centros de servicios.
- Convenios bilaterales y regionales, que facilitan comercio, cooperación tecnológica y movilidad profesional, aspecto clave para las multinacionales que buscan alternativas frente a las restricciones de visas H-1B.
- Beneficios migratorios, como visas de trabajo o residencias temporales para inversionistas y profesionales especializados, que permiten incorporar talento extranjero mientras avanzan procesos migratorios.
En conjunto, estas herramientas y programas fortalecen la posición de Centroamérica como hub regional de servicios y desarrollo, impulsando la atracción de inversión, la formación de talento y la retención de profesionales altamente calificados. Además, la existencia de convenios de movilidad regional facilita la rotación de empleados clave y el intercambio de conocimiento, sin enfrentar barreras onerosas.
De esta forma, la región no solo mitiga los efectos de la reforma estadounidense sobre la visa H-1B, sino que también capitaliza el momento para consolidarse como plataforma estratégica de nearshoring y nodo de competitividad para empresas globales.
Incentivos y ejemplos en Centroamérica
