Entrevista: Alejandro de la Borbolla y Bernardo Martínez-Negrete
"Estamos viendo una transición hacia modelos mixtos, con participación del Estado en el desarrollo de proyectos, buscando incluir al capital privado".
Latin Counsel ha tenido el privilegio de dialogar con Alejandro de la Borbolla y Bernardo Martínez-Negrete, codirectores de la práctica de Infraestructura y Proyectos en la firma de élite Galicia.
Recientemente, este equipo fue reconocido con el premio "2025 Projects Firm of the Year Mexico" otorgado por The Legal 500, una distinción que reafirma su liderazgo y excelencia en el mercado por más de 3 décadas. En un contexto marcado por la evolución política, la incertidumbre jurídica y las oportunidades del nearshoring, ambos expertos comparten su visión sobre las transformaciones estructurales que atraviesa el sector en México.
Desde el giro hacia contratos de mediano plazo hasta la necesidad de redefinir las alianzas público-privadas, analizan las oportunidades estratégicas en sectores clave como infraestructura social, agua, salud, transporte y movilidad en Mexico.
Latin Counsel: ¿Cuáles han sido las principales transformaciones en el financiamiento de infraestructura en México en la última década?
Alejandro de la Borbolla: Han habido muchos cambios en la última década por diversos factores. Uno de ellos es que, durante este periodo, hemos tenido tres administraciones distintas en el gobierno, cada una con visiones diferentes respecto al desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, así como sobre la participación del sector privado.
En la primera etapa, tuvimos un gobierno encabezado por el PRI, cuyo presidente tenía una visión enfocada en promover el desarrollo de infraestructura con participación del sector privado. Esta administración impulsó activamente el otorgamiento de concesiones, esquemas de asociación público-privada y contratos de largo plazo.
En la segunda etapa, con el cambio de administración encabezada por Morena, los proyectos de infraestructura se frenaron en gran medida y se redujeron prácticamente a tres megaproyectos: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México y la Refinería de Dos Bocas. Esto implicó que se dejaran de impulsar otro tipo de proyectos y cambiara el modelo. El esquema de asociación público-privada (APP) dejó de utilizarse por completo. Estos tres proyectos se llevaron a cabo, principalmente, mediante contratos de obra pública.
En la etapa actual, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum del partido Morena, hay señales de que existe la intención de impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura en diversos sectores. Sin embargo, aún no está completamente claro cuál será el modelo o el esquema que se utilizará.
Hay indicios de que sí se buscará incentivar la participación del sector privado mediante esquemas de inversión mixta con el sector público, que parece van a ser bastante similares a las APPs. Aún no se han iniciado los procesos de invitación o adjudicación de proyectos, pero las señales apuntan a que existe esa intención.
Dado que ha habido tantos cambios en la estructura, el financiamiento ha tenido que ir adaptándose. Hemos notado una disminución en el financiamiento de proyectos bajo el modelo tradicional de project finance, ya que la mayoría de los proyectos recientes se han ejecutado mediante obra pública, lo que ha reducido la necesidad de financiamiento externo.
Actualmente, se observa un mayor uso de esquemas de financiamiento de tipo corporativo, con plazos más cortos o destinados a cubrir necesidades específicas del proyecto mientras se comienza a generar un flujo claro bajo los contratos.
Latin Counsel: ¿Qué sectores de infraestructura ven con mayor dinamismo para los próximos años?
Alejandro de la Borbolla: En primer lugar, hay una gran necesidad de desarrollar proyectos de energía para incrementar la generación, modernizar y expandir proyectos de la red de transmisión eléctrica. También hay indicaciones de que se busca aumentar la producción de petróleo. No hay duda de que el sector de energía debe desarrollarse de manera muy importante, ya que en la administración pasada este desarrollo se ralentizó. La necesidad de suministro energético crece cada día.
En segundo lugar, el agua: cada vez es más necesario desarrollar proyectos tanto para el suministro —por ser un recurso indispensable— como para el saneamiento de cuerpos acuíferos, sistemas de riego y la regularización de concesiones en el sector hídrico.
Otros dos sectores que claramente requerirán un impulso importante son el transporte —tanto ferroviario, con la construcción de vías para pasajeros y carga— como las autopistas, aeropuertos y transporte urbano; y un sector estratégico que es el de puertos, que también está vinculado con la tendencia del nearshoring. Ya se observan indicios de proyectos de rehabilitación, modernización y expansión de puertos.
Bernardo Martínez-Negrete: Yo agregaría al sector salud. Si bien tradicionalmente no ha sido uno de los focos principales en materia de infraestructura, el actual gobierno está tratando de impulsarlo mediante nuevos proyectos.
Hay un precedente muy relevante en el que trabajamos desde nuestro despacho: la primera asociación público-privada (APP) para la fabricación de vacunas en México, basada en un proyecto de largo plazo. Se trató de una APP auto financiable, donde el gobierno mexicano abastece una parte importante de la demanda de diversas vacunas. El gobierno actual está buscando replicar este tipo de iniciativas.
De hecho, apenas hace unos días la presidenta Sheinbaum anunció que las empresas con infraestructura instalada en el país tendrán cierto trato preferencial en futuras licitaciones públicas. Esto es muy relevante, porque abre la puerta a proyectos con inversión extranjera directa en el sector salud y que podrían estructurarse con financiamiento de banca de desarrollo, banca comercial y modelos de largo plazo con estructuras similares a los que ya se han implementado en sectores como transporte o agua, particularmente en proyectos de tipo APP.
Estamos entusiasmados con el potencial de este sector, que se perfila hacia esquemas con un fuerte componente industrial y de largo plazo.
Latin Counsel: ¿Qué desafíos enfrentan hoy los inversionistas extranjeros interesados en proyectos de largo plazo en México?
Alejandro de la Borbolla: Derivado del entorno que describíamos, hay varios desafíos. Uno de ellos es entender cuál será el esquema o estructura bajo la cual se desarrollarán los proyectos. En función de eso, el financiamiento tendrá que adaptarse.
Otro reto será entender el rol de la banca de desarrollo. En la administración pasada, la banca de desarrollo se enfocó principalmente en los megaproyectos mencionados, dejando a un lado su papel tradicional de apoyar diversos proyectos a nivel federal y estatal. La banca de desarrollo ha sido una pieza fundamental en el progreso del país a lo largo de los años y creo que ahora su rol será relevante.
Como comentaba Bernardo, hay una intención clara de que los nuevos proyectos tengan un mayor componente mexicano, tanto en mano de obra como en insumos. Esto representa un reto para los inversionistas extranjeros, que tendrán que buscar cómo cumplir con estos requisitos, posiblemente a través de alianzas con empresas locales.
Otro desafío será el impacto social. Es un tema que está cambiando. Los proyectos deberán evaluar su posible impacto social, por ejemplo, asegurarse de no afectar comunidades indígenas o lugares de peregrinaje. Esto requerirá consultas de tipo social, lo que implica tiempo y recursos adicionales.
Otro tema relevante tiene que ver con cómo irá quedando conformado el poder judicial. Como sabes, hace unos días se llevaron a cabo -por primera vez en la historia de nuestro país- unas elecciones para seleccionar ministros, magistrados y jueces. Esto está generando mucha incertidumbre y está obligando a las empresas privadas —especialmente las extranjeras— a buscar mecanismos alternativos de resolución de controversias, como el arbitraje internacional o la mediación.
Adaptarse a este entorno será un reto importante. El tema del poder judicial tiene implicaciones profundas que podemos comentar más adelante.
Bernardo Martínez-Negrete: Agregaría los retos a largo plazo en este tipo de proyectos. México no es la excepción. Uno de los mayores riesgos para un inversionista privado es la terminación anticipada del proyecto.
En los pocos meses que lleva esta administración, se ha mostrado interés por proyectos de largo plazo con participación privada. El cambio de enfoque con respecto al gobierno anterior es radical. El nuevo gobierno —aunque pertenece a la misma ideología política— ha intentado mantener un discurso abierto a la inversión privada y el largo plazo.
Latin Counsel: ¿Cuál es el impacto en el fenómeno de nearshoring en el desarrollo de nueva infraestructura en México?
Bernardo Martínez-Negrete: El tema del nearshoring fue muy relevante hace tres o cuatro años, y sigue siendo una gran oportunidad. Lo que ocurrió es que no se tomaron a tiempo las decisiones de infraestructura necesarias para aprovecharlo. Hoy, con la guerra arancelaria iniciada por el presidente Trump con todo el mundo, México se ha visto beneficiado, en proporción inversa a cómo se ha visto atacado China, entre otros países. Es decir, a mayor presión sobre China (y nuestros principales competidores), mayor beneficio para México, lo que hace que tener presencia en el país sea más atractivo desde una perspectiva de nearshoring.
El problema principal es que no se ha invertido de forma inteligente en infraestructura en los últimos seis o siete años —ni en transporte, ni en agua, y mucho menos en energía. Aunque muchas empresas están interesadas en venir a México, existen cuellos de botella importantes en ciertas regiones, lo que limita el potencial del nearshoring en el país.
La oportunidad sigue ahí, no ha cambiado, el apetito y el interés geopolítico en México permanece fuerte. Pero será clave empezar a tomar decisiones en la dirección correcta para ver resultados. Con el nearshoring, algunos de los frutos comenzarán a notarse. Por ahora, el impacto es moderado. Algunos sectores han crecido de forma muy agresiva, como los centros de datos y el sector industrial en ciertas zonas del país.
El gobierno también busca impulsar zonas de nuestro país como el Istmo —en Oaxaca y el sureste— a través del Tren del Istmo, con la intención de generar polos de desarrollo e incentivar la inversión en la región.
Alejandro de la Borbolla: Hemos visto un impacto muy importante en el sector inmobiliario industrial. Ha habido un crecimiento y desarrollo considerable, especialmente en el norte del país, a través de FIBRAs inmobiliarias industriales. Todo lo demás aún es incierto, aunque empezamos a ver ciertos avances en el sector.
Latin Counsel: ¿Qué papel juega la certeza jurídica en la atracción de capital internacional?
Bernardo Martínez-Negrete: ¡Todo! Es la moneda de cambio. El secreto del éxito de un país está en mandar el mensaje de que vas a respetar las reglas del juego: "Walk the talk". Eso es certeza jurídica. Sin embargo, ha habido una erosión importante en este sentido. La reforma judicial ha generado mucha incertidumbre, tanto en los comités de riesgo de los bancos como en los comités de inversión de las empresas. Evidentemente, eso no genera confianza.
Hoy en día, hay una gran incógnita sobre qué pasará en México dado que la cuestión judicial es central. México tiene un enorme potencial, su población es muy joven y numerosa; es una economía que, aunque crece de forma moderada, cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos. Pero la incertidumbre sobre cómo podría resolver un juez un contrato, especialmente si involucra al gobierno, genera un nivel de riesgo relevante.
Lo anterior no significa que no haya inversionistas interesados en México. Probablemente habrá un cambio en el tipo de inversionistas dispuestos a asumir ciertos riesgos. Algunos están acostumbrados a invertir en entornos más complejos que el mexicano y podrán ponderarlo dentro de sus matrices de riesgo, otros irán a otros países.
No es un escenario catastrófico, pero sí deberíamos poder enviar mejores señales en este sentido.
Latin Counsel: ¿Cómo evalúan el entorno regulatorio actual para el desarrollo de proyectos bajo esquemas de APP o concesiones?
Alejandro de la Borbolla: Como mencionábamos, el entorno parece volverse menos favorable al esquema de concesiones y más inclinado hacia esquemas de APPs, aunque con un cambio en la semántica. El concepto de APP fue muy criticado en la administración anterior, pero hoy hay un reconocimiento claro de que se necesita la participación tanto del sector privado como del público. Lo que están haciendo ahora es llamarlo "esquema de inversión mixta".
Incluso hay algunas iniciativas para emitir una Ley de Inversiones Mixtas. Está en una etapa muy inicial, pero en realidad es muy similar a la actual Ley de Asociaciones Público-Privadas. Cambian algunos aspectos e incorporan nuevos conceptos, como la necesidad de consultas y estudios sociales, pero en general el marco es muy parecido al de las APPs.
Veremos los nuevos proyectos bajo este esquema de inversión mixta, y ya veremos cómo se aterriza. Otro modelo (aplicable al sector carretero) que ya se está concretando es el de los contratos de mediano plazo conocidos como CMROs (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), que permiten construir, mantener, rehabilitar y operar un activo durante cinco o diez años.
Aquí, la tesis financiera y de riesgo es distinta a la de una concesión. En una concesión, el riesgo financiero recae en el "riesgo de tráfico" (el cobro de peajes o por el uso de la infraestructura), en el CMRO, por el contrario, implica un riesgo de pago del gobierno a lo largo de la vida del contrato.
Bernardo Martínez-Negrete: A diferencia de los esquemas tradicionales de APPs que vimos en administraciones anteriores, donde el privado tenía una autonomía muy amplia en la sociedad del proyecto y su gestión, ahora hay un interés del gobierno por participar más directamente en el capital social de la empresa que desarrolla el proyecto, y tener mayor beneficio del "upside" del mismo.
No está peleado con la inversión privada, pero la administración busca tener más injerencia en el desarrollo del proyecto y en los beneficios, aprovechando el know-how del desarrollador para que lo lleve a cabo, pero asumiendo también una parte del riesgo. Creemos que por ahí va el cambio de dinámica en este gobierno.
Latin Counsel: ¿Cómo ha evolucionado la relación entre el sector público y privado en proyectos de gran escala?
Bernardo Martínez-Negrete: Hace 20 años, con los gobiernos del PAN, existía una relación horizontal entre el sector privado y el gobierno. Había concesiones, asociaciones público-privadas; era una relación contractual entre iguales. A partir del gobierno de Peña Nieto, esa relación comienza a cambiar y se regresa a esquemas más centrados en obra pública financiada, algunas APPs, pero menos concesiones, haciendo un viraje hacia una relación más vertical. En este modelo, el gobierno tiene el poder de mando, la autoridad sobre el proyecto estratégico, y el privado actúa más como contratista. Ya no es una relación entre iguales. Esto se agudizó durante el sexenio pasado. Evidentemente, ese modelo resultó ser muy deficiente. Esta administración ya se dio cuenta de que en esa verticalidad se perdió una oportunidad muy valiosa. Por eso ahora están tratando de construir una nueva horizontalidad, híbrida.
Latin Counsel: ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que enfrentan las firmas legales de México frente a un mercado cada vez más globalizado?
Bernardo Martínez-Negrete: Cada vez hay más presencia de despachos internacionales en Latinoamérica, principalmente a través de la adquisición de firmas pequeñas o medianas, y México no es la excepción. El principal reto para las firmas locales es la atracción y retención de talento. Eso es clave. Es fundamental invertir en las nuevas generaciones, tener una presencia sólida en las mejores universidades y convertirse en un polo de atracción para el mejor talento, desde etapas tempranas en sus carreras profesionales. El secreto es el talento.
Creemos que las firmas locales tienen una mejor capacidad para retener ese talento y entender sus dinámicas. Las firmas extranjeras, salvo aquellas que han adquirido despachos mexicanos y se han ido "mexicanizando", aún carecen de esa sensibilidad. Esa sigue siendo una ventaja competitiva importante.
Además, nuestra relación cercana con las empresas mexicanas también representa un gran valor. Muchas compañías relevantes en el país aún tienen estructuras de gestión familiar, valoran que les hablen en su mismo idioma, con su mismo acento, y confían en nosotros desde hace muchos años. Eso nos impulsa a superarnos y a mantenernos competitivos en cuanto al desempeño de nuestro despacho.
La gran mayoría de nuestros abogados tienen una preparación académica internacional, comparable con las élites europeas e incluso estadounidenses, precisamente para no perder ventaja frente a esos estándares internacionales.
Alejandro de la Borbolla: Un punto adicional muy importante es la institucionalización.
A muchas firmas mexicanas les ha costado mucho trabajo pasar de un modelo pequeño, boutique, incluso familiar, a un modelo de firma institucional. Los despachos que hemos sabido cambiar y evolucionar a esta cultura estamos viendo reflejado el éxito y los beneficios de esto y las que lo están empezando a hacer ahora sufren un rezago.
Otro aspecto clave es el esquema de colaboración. No todas las firmas lo tienen, y en Galicia ha sido un factor de fortaleza y diferenciación frente a la competencia. Esa cultura nos permite ofrecer un servicio más integral, profesional y especializado en todas nuestras áreas de práctica.
Latin Counsel: ¿Cuál es el impacto de los aranceles de Trump en infraestructura en Mexico?
Bernardo Martínez-Negrete: Vemos una relación inversa entre el tamaño de los aranceles que Trump impone a nuestros principales competidores —China, Vietnam y Corea— y nuestra competitividad, que aumenta gracias a la cercanía con el mercado estadounidense. En ese sentido, la guerra arancelaria nos ha favorecido. México no ha estado exento de aranceles, pero se reconoce el mérito de la administración para lograr tender puentes, incluso cuando al principio no se creía posible.
Todo esto está vinculado al free trade agreement entre EE.UU., México y Canadá (USMCA), que ha sido clave. Pensamos que no representa actualmente un riesgo grave para México. Recientemente, una corte en EE.UU. bloqueó aranceles a nivel global, y el gobierno federal ganó ese fallo. Seguramente el caso llegará a la Suprema Corte de Estados Unidos, pero no lo vemos con particular preocupación.
Creemos que la actual administración estadounidense ya entendió que en esta guerra arancelaria no gana nadie, y que incluso la industria y los contribuyentes estadounidenses son los más perjudicados al enfrentar inflación y mayores costos asociados. Precisamente uno de los factores clave para que el gobierno actual ganara las elecciones fue la alta inflación que padecieron los norteamericanos durante el gobierno de Biden. Por eso pensamos que el tema arancelario irá perdiendo fuerza y los riesgos serán otros.
Alejandro de la Borbolla: Todavía estamos en una etapa en la que este tema genera mucha incertidumbre, y le está costando trabajo al sector privado y a los inversionistas extranjeros tomar decisiones, sobre todo porque no es fácil ahora mismo hacer un modelo financiero para un proyecto con tantas variables e incertidumbre. En la medida en que esto se vaya normalizando, ese entorno de volatilidad debería de cambiar y permitir el desarrollo de los proyectos.
Latin Counsel: ¿Tendrían algo que añadir sobre la Reforma del Poder Judicial y el impacto en las inversiones?
Alejandro de la Borbolla: En la administración pasada, el poder judicial jugó un papel muy relevante como un contrapeso para los actos del poder ejecutivo. Hubo muchas acciones, especialmente en el sector energético —reformas legales, revocación de permisos, cancelación de proyectos—, y el poder judicial fue activo y exitoso en detener varias de estas medidas, muchas de las cuales eran inconstitucionales.
La propuesta de reforma al poder judicial de la anterior administración la hereda la presidenta Sheinbaum con escaso margen de maniobra dada la coincidencia ideológica. Es difícil anticipar cómo se implementará en la práctica. Lo iremos viendo en los próximos meses. Hemos recibido muchas consultas de clientes interesados en migrar sus contratos y proyectos a mecanismos de arbitraje, en lugar de tribunales judiciales, en busca de mayor certeza. Sin embargo, en proyectos de infraestructura esto no es tan simple como en otro tipo de proyectos. El gobierno no suele aceptar fácilmente mecanismos de solución de controversias fuera del ámbito judicial, y la judicialización sigue siendo la vía tradicional.
Bernardo Martínez-Negrete: Como nota final, aunque la reforma es claramente controversial, es importante entender su alcance real. Lo que estuvo en la boleta electoral del pasado 2 de junio fue la elección de jueces, magistrados y ministros, pero no se trata de despedir de inmediato a todo el poder judicial.
Aunque sí habrá un cambio inmediato de jueces y magistrados, el personal de apoyo (secretarios de acuerdo y staff, que son quienes redactan sentencias, estudian precedentes y colaboran entre tribunales) en principio permanecerá. Eso podría dar cierta continuidad y suavizar el cambio. La forma en la que los nuevos miembros del poder judicial vayan a actuar, es incierta. No queremos ser totalmente pesimistas. Ese sería el ángulo más constructivo que podemos encontrar.
galicia.com.mx
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