Responsabilidad penal empresarial, compliance y lucha anticorrupción: ¿Hay un cambio real en la cultura legal latinoamericana?

InLaw Alliance España - La rápida expansión mundial del compliance lo ha convertido en un pilar esencial de la lucha contra la corrupción, en Europa y en Latinoamérica.
El compliance nació en USA como herramienta de defensa de las organizaciones frente a esa temible institución legal que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su esencia consiste en instaurar mecanismos internos en el seno de las organizaciones, capaces de prevenir, detectar y reaccionar ante hechos irregulares, ya sean sobornos, fraudes o cualesquiera otras prácticas ilícitas, que puedan desencadenar la responsabilidad de la organización. Entre ellas, --o quizá en primer término--, los actos de corrupción, que son los que le dieron origen y explican su rápido desarrollo, de la mano de la Foreign Corrupt Practices Act, (FCPA) norteamericana, publicada en 1977, tras el escándalo Watergate y el hallazgo de sucias redes de sobornos,  que sonrojaron a la sociedad norteamericana.

La FCPA fue una ley audaz, desacomplejada, de potentísima extraterritorialidad, y diseñada para terminar con las malas prácticas de buscar  tratos de favor de los gobiernos, mediante sobornos a sus funcionarios o políticos. Una ley apta para ser aplicada casi en cualquier rincón del mundo, y que marcó el pistoletazo de salida de una carrera que habría de convertir a Estados Unidos, durante casi cinco décadas, en una especie de gendarme universal contra la corrupción.

Otros países, como Reino Unido, con su Bribery Act de 2010, o Francia, con su Ley Sapin II de  2016, habrían de seguir, años después, la misma senda, aunque sin alcanzar el poderío de la norma norteamericana. Organismos Internacionales como la OCDE, a través de su Convenio de 1997, o Naciones Unidas, con la Convención de 2003, promovieron marcos normativos internacionales, que se han convertido en auténticos estandartes mundiales de este mismo mensaje.

En Europa, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, marca pautas para combatir la corrupción y monitorea los avances o la pereza de los Estados. Sus reproches no dejan indiferente a nadie, y rara vez dejan de traducirse en cambios o reformas legislativas, para ajustarse a los estándares señalados por el Grupo. Aunque España hace tiempo que recibe malas notas del GRECO, como un estudiante indolente, incapaz de aprobar sus asignaturas.  

Lo importante es que este arsenal de normas jurídicas e instrumentos de control se ha puesto de verdad sobre el terreno. Estados Unidos, con su FCPA en la mano, ha asestado golpes ejemplares en casi todas las áreas del mundo, amparado en el enorme alcance de su jurisdicción. Además, ha instado a las organizaciones infractoras a imponerse, a sí mismas, rigurosos procesos de autolavado interno, forzando su vuelta a la senda de la ley.

En Europa los casos Siemens (2005) o Volkswagen (2015) son auténticas referencias de la contundencia del largo brazo de la justicia norteamericana. No menos transcendental ha sido su peso en Latinoamérica, donde algunos países arrastran problemas sistémicos de corrupción, agravados por la carencia de Poderes Judiciales auténticamente independientes. Tanto el Departamento de Justicia como la Security Exchange Commission estadounidenses han protagonizado castigos espectaculares en la zona. Fue paradigmático el caso Fujimori Montesinos, en que más de 1.600 personas habían sido sobornadas para controlar a medios, jueces y congresistas. No menor impacto supuso el caso Lava Jato/Odebretch, una trama monumental que implicó a la petrolera estatal brasileña Petrobras, y a políticos y empresarios de varios países, dando como resultado condenas muy duras e importantes convulsiones políticas. 
Pese a estos impactantes escarmientos, el problema en Latinoamérica está lejos de desaparecer. En 2024, los niveles de soborno a funcionarios en la región se mantuvieron por encima del promedio mundial. Según indicadores de Global Corruption Barometer (GCB) de Transparencia Internacional, en Latinoamérica y el Caribe, el 62 % de los ciudadanos percibía que la corrupción había aumentado ese año, y más de la mitad consideraba que su gobierno no hacía lo suficiente. El 29 % de quienes utilizaron servicios públicos declaró haber pagado algún soborno —lo que equivale a casi 90 millones de personas. Sólo el 9 % de quienes pagaron sobornos los denunciaron, y el 28 % de ellos, sufrió represalias por ello. Aunque países como Uruguay y Chile presentan indicadores positivos, otros, como Venezuela, Nicaragua y Haití, ocupan puestos de cola y evidencian grandes necesidades de mejora,  
Ciertamente este instrumento excepcional que ha sido la FCPA entró en pausa el pasado 10 de Febrero, tras una desconcertante Orden del Presidente Donald Trump, acompañada de declaraciones en que lamentaba que los empresarios norteamericanos no pudieran competir en igualdad de armas en determinados mercados, con operadores de otros países, que se hallan sujetos a normas mucho más laxas, y participar de sus rutinas, es decir (aunque esto no lo manifestó, explícitamente, el Presidente) participar de sus pagos irregulares a funcionarios.

Esta pausa de la FCPA ha ido seguida de unas nuevas directrices de aplicación, publicadas en Junio de este año, cuyo alcance exacto aún se hace difícil evaluar, pero que hacen presagiar un completo abandono del papel crucial tradicional que ha venido jugando Estados Unidos desde 1977, en esa especie de cruzada mundial contra la corrupción. 

Sin embargo, otros países se disponen a pasar a la primera línea. El giro de la Administración norteamericana, en esta y tantas otras materias, tras la llegada de Donald Trump, está obligando a Europa a sacudirse deprisa la eterna tutela de Estados Unidos. Recientemente las autoridades del Reino Unido, Francia y Suiza han anunciado la formación de un Grupo de Trabajo Internacional de Fiscalización Anticorrupción para fortalecer sus estrategias de investigación antisoborno. El relevo de USA, en la lucha por la transparencia, está en marcha.

La prevención del soborno de funcionarios públicos extranjeros en un tema difícil y pone en tensión cualquier sistema de control o compliance. No es ningún secreto que, como dice en Presidente Trump, en los llamados mercados de riesgo, las empresas sujetas a sistemas de compliance rigurosos compiten en situación de desigualdad con operadores de otras áreas del mundo, por el acceso a contratos públicos, cuya adjudicación se halla en manos de políticos sin escrúpulos. Sin embargo, el alto coste reputacional que han alcanzado las acusaciones de corrupción, la enérgica labor de limpieza de los bancos que financian los grandes proyectos internacionales, y el avance generalizado de la cultura del compliance en las economías emergentes, de la mano de las jóvenes generaciones, hacen posible competir sin meter las manos en el barro, Muchas empresas lo hacen, y lo hacen con éxito. En la última década, la entrada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la mayoría de los códigos penales latinoamericanos, ha empezado a remar también en la misma dirección.
          
 El compliance es un arma indispensable para alejar a los empresarios de las malas tentaciones. Requiere estructuras de control sólidas, dotación de recursos adecuados y sobre todo, un liderazgo claro por parte de los directivos de la organización. Es vital estimular y proteger a los denunciantes internos, blindar la independencia de la justicia y promover una cultura de transparencia, que parta de los gobiernos y se extienda por toda la sociedad. No es tarea fácil, pero puede hacerse.

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